En su reunión de este martes, GHK ha aprobado imponer una sanción a Ekondakin, empresa concesionaria de la gestión de la incineradora de Zubieta, por un importe de 160.000 euros, por el «mal funcionamiento de la barrera hidráulica» en el vertido producido en julio pasado.

Esta escueta comunicación viene a confirmar indirectamente que el vertido en las aguas de Arkaitzerreka sí procedía de la instalación. Gipuzkoako Hondakinen Konsorzioa pasa ahora a parapetarse en otro argumento, que es que el vertido no produjo «ningún daño ecológico».

La sanción contrasta con lo que expuso GHK en junio pasado, cuando tras la denuncia pública de grupos ecologistas, contrastada por técnicos de URA, dijo en una nota que, «después de haber realizado las correspondientes comprobaciones en la planta, se asegura que no ha habido ningún vertido de la misma. De igual manera, constata que se ha verificado la estanqueidad de todos los depósitos de sus instalaciones, confirmándose que todo está correcto y que la estanqueidad está asegurada», expuso.

GHK indicó entonces que se había abierto un expediente informativo «para analizar cualquier circunstancia que pueda ser compatible con esta situación y que se están tomando muestras diarias del punto de salida del dren en coordinación con la Agencia Vasca del Agua, URA». Pero insistió en que el origen del incidente era desconocido y añadió incluso que «esta es una zona en la que se han llevado a cabo diversos rellenos, no descartándose ninguna hipótesis».

Lakua le instó a solucionarlo

Entre medio, el Gobierno de Lakua instó a GHK a primeros de setiembre a solucionar el problema, y este trasladó la orden a Ekondakin, de la que forman parte el fondo de inversión Meridiam, la multinacional Urbaser, las constructoras vascas Altuna y Uria, Murias y Moyua; y la consultora cooperativa LKS, del Grupo Mondragon.

La sanción es de 20.000 euros al día durante ocho días, aunque se desconocen los argumentos por los que se aplica solo a un lapso tan corto de tiempo, ya que el incumplimiento sería mucho más prolongado. La cantidad podría haber sido de hasta 30.000 euros al día, según el contrato, pero el presidente de GHK, José Ignacio Asensio, justificaría aplicar la cifra más baja porque «con estos vertidos no se habría producido ningún daño a la calidad del agua de Arkaitzerreka», aspecto que desmienten análisis como el encargados por el Ayuntamiento de Usurbil o los que maneja el Departamento de Medio Ambiente.

Este vertido en Arkaitzerreka fue el segundo tras el producido en 2020, que es investigado por los tribunales.