Los nueve encausados por la acción desarrollada en las vías de tren, en Tarnos, durante la jornada de bloqueo del 23 de julio pasado han llegado a media mañana a Akize (Dax) ya que tenían cita en el Palacio de Justicia de la localidad landesa a las 13.30.

El juicio se ha prolongado durante tres largas horas, tras las cuales la defensa ha insistido en que los encausados actuaron por «estado de necesidad» por lo que ha solicitado su absolución.

La letrada Anne-Mendiboure se ha apoyado también en otros dos preceptos, de la Convención Europea de Derechos Humanos y de la propia Constitución francesa, citando el derecho a la libertad de expresión y también el derecho a oponerse a la opresión.

Por su parte, la Fiscalía ha pedido la absolución en la acusación relativa a robo de bengalas, pero ha pedido castigar a los encausados por haber entorpecido el servicio ferroviario.

La ley contempla para ese delito penas de seis meses de prisión o multa de hasta 3.500 euros. La procuradora Anne Kayanakis ha solicitado, sin embargo, 1.500 euros de multa para cada encausado pero sin obligación de pago salvo que cometieran a futuro un nuevo delito.

La jueza dará a conocer su decisión el próximo 26 de enero.

Apoyo durante la larga jornada en Akize

Los encausados han estado apoyados en la larga jornada en Akize por representantes de Bake Bidea y de los Artesanos por la Paz. Además, han recibido el calor solidario de los 150 ciudadanos que, en autobús o coche, se han trasladado hasta la localidad landesa para expresarles su apoyo.

Los artesanos por la paz, con sus petos azules, han dejado claro el objetivo de su presencia en la localidad landesa, ante cuyo tribunal han desplegado una pancarta en la que se pedía la absolución de los nueve encausados.

Jendea mokau bat hartzen auzirako indarra biltzeko. Banderola zabaldu dute bakegileek bederatzi aizipetuen errugabetzea eskatzeko. pic.twitter.com/QZv0Sk9ewz

— Maite Ubiria (@Maite_Ubiria) December 15, 2022

Los juzgados se han reunido ante las escalinatas del tribunal para agradecer ese apoyo, tras lo que han entrado, a las 13.30, en el tribunal entre aplausos de los presentes.

Hitzartze txiki baten ostean txalo artean sartu dira auzipetuak auzitegirat. pic.twitter.com/Do1rshQwPj

— Maite Ubiria (@Maite_Ubiria) December 15, 2022

El juicio ha arrancado a eso de las 13.45, con tres acusaciones –ocupación de las vías del tren, entorpecimiento del servicio y robo de bengalas– y la declaración de los encausados.

Ha sido la veterana militante ecologista Alize Leiziagezahar la que ha abierto turno. Ha marcado la línea que se ha seguido en el resto de declaraciones.

Ha recordado que tras décadas de conflicto, la Conferencia de Aiete abrió «una puerta a la esperanza», a la que ETA respondió poniendo fin a la lucha armada pero a la que los dos gobiernos «no respondieron como esperaba la sociedad».

Epailea azaltzen ari da nola pasatu zen bakegileen ekintza eta ondoko atxiloaldia. Lehena deklaratzen alize leizagezahar da. 1956an jaio zela eta geroztik gatazka egoera azaldu du militante ekoligistak. Aieteko adierazpenak sortu zuen aukera azaldu du

— Maite Ubiria (@Maite_Ubiria) December 15, 2022

Ha hablado de un compromiso colectivo y ha evitado dar detalles ni a la juez ni a la procuradora, esta última bien conocida de los vascos –Anne Kayanakis, que fue la encargada de gestionar, a su paso por Baiona, casos como la desaparición de Jon Anza– sobre la organización de la acción.

Los testimonios se han sucedido hasta que, con la «no declaración» de Betti Duhalde, que ha asumido las explicaciones precedentes sin querer añadir nada a las mismas, ha acabado el turno de acusados, en el que se han podido escuchar explicaciones sobre «lo que estaba en juego» el 23 de julio.

Así, Anita Lopepe ha llegado a hablar de una hipótesis real, la de la muerte de Ion Kepa Parot y Jakes Esnal en prisión, lo que habría tenido «consecuencia catastróficas en términos de proceso de paz».

El sindicalista Panpi Sainte-Marie ha relatado, por su parte, que sintió «la responsabilidad de responder a la situación extrema de dos presos que han pagado un alto precio por su compromiso» y, ante las preguntas de juez y procuradora sobre los actos que les llevaron a prisión, ha expresado su respeto a todas las víctimas pero también ha abogado por «pasar la página de una larga etapa de nuestra historia».

Etchegaray: «Yo mismo podría haber ocupado esas vías de tren»

Escuchados los testimonios de los nueve encausados, ha llegado el turno de los testigos de la defensa. El primero en intervenir ha sido el portavoz de Artesanos por la Paz, Jean-Daniel Elixiri, quien ha hablado del contexto al que obedeció el 23 de julio y se ha detenido en explicar cómo la acción se organizó en coordinación con numerosos actores del país.

«Intentamos también hablar con la SNCF, siempre pensando en evitar impactos negativos en esa jornada, pero nunca recibimos respuesta», ha revelado el artesano por la paz.

Tras él, el vicepresidente de la Mancomunidad, Daniel Oltzomendi ha explicado cómo la institución se implicó en la labor de informar y prevenir a los actores socioeconómicos, y en especial a los agentes del turismo, al desarrollarse la acción de desobediencia en un periodo en el que, ha recordado, Ipar Euskal Herria recibe a un millón de visitantes.

Finalmente, el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, no sin verse interrumpido por la juez, ha trazado la línea desde la Conferencia de Aiete y hasta nuestros días.

Ha denunciado «el silencio ensordecedor» que han mantenido durante largos años los estados y, frente al mismo, la acción determinada de la sociedad y electos vascos.

«La acción de estos ciudadanos fue legítima y yo mismo no tengo mayores problemas para imaginarme a mí mismo sentado en esas vías», ha concluido el presidente de la Mancomunidad Vasca.

La SNCF reclama cerca de 160.000 euros

El abogado que ha representado como parte civil a la ‘SNCF pasajeros’, y que no ha planteado preguntas a ningún encausado, ha solicitado como compensación por daños 159.000 euros.

Ha hablado, para defender su tesis, del perjuicio causado por una acción que causó retrasos de una hora o suspensió de servicio sobre una cuarentena de trenes.

La petición de indemnización se suma a la ya presentada por SNFC Reseaux, que se eleva a 5.500 euros.

La procuradora pide 1.500 euros de multa

Finalmente, la procuradora ha centrado su exposición en aclarar que, a su entender, la situación que vivían Esnal y Parot no puede servir para justificar el ‘estado de necesidad’ invocado por los abogados de la defensa para encuadrar la acción de desobediencia en Tarnos.

Anne Kayanakis, que se ha declarado «sensibilizada» con la realidad vasca por haber ejercido en Baiona, ha demostrado un conocimiento en profundidad del proceso de paz.

Ha hablado de la ocupación de vías como «una acción se sensibilización incontestable» y ha asumido que generó «algunos perjuicios a los pasajeros» pero no transcurrió de modo que hubiera que lamentar consecuencias negativas de más calado.