Las reformas educativas en marcha en la CAV incluyen nuevos baremos para el curso 2023-24 que tienen como objetivo combatir la segregación y empezar a equilibrar las redes públicas y privadas. Son conocidos desde noviembre pero ahora se ha dado un nuevo paso con la presentación oficial, este lunes por el Departamento de Educación, y con la noticia de que ya han sido trasladados a las direcciones de centros, tanto públicos como concertados.

Lo ha confirmado en la comparecencia la viceconsejera Begoña Pedrosa, que ha añadido que «las medidas en general han sido muy bien acogidas, porque responden a la intención de responder de una manera más equitativa y trabajar de manera más corresponsable frente a la segregación en Euskadi».

Ha matizado acto seguido que «obviamente hay que entender que estos cambios estructurales generan siempre cierta incertidumbre, porque cada equipo directivo tiene que prever cómo va a impactar esto en sus modelos de matriculación».

¿En qué consisten estas modificaciones, que tienen que ver también con el acuerdo educativo alcanzado por PNV, EH Bildu, PSE y EP en febrero y en que la cuestión de la segregación es uno de los principales defectos a corregir en el actual sistema? Todos los centros educativos vascos sufragados con fondos públicos deberán reservar un número de plazas para escolarizar al alumnado vulnerable, con el objetivo de lograr una distribución «más equilibrada» del alumnado, en su entrada en Educación Infantil (2 años).

En Gipuzkoa más factible

Pedrosa ha presentado este lunes, en rueda de prensa en Bilbo, las nuevas medidas, acompañada por el director de Centros y Planificación, Eugenio Jiménez, y el director del ISEI-IVEI (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa), Eduardo Ubieta.

Según han explicado, en el proceso de matriculación que arrancará en febrero de 2023, tanto la planificación de la oferta como los mecanismos que regulan la admisión contribuirán a «distribuir equilibradamente la diversidad y la vulnerabilidad entre todos los centros sufragados con fondos públicos».

La viceconsejera ha aclarado que la segregación escolar es «la distribución desigual del alumnado en centros escolares por razón de sus características personales, sociales, culturales, económicas o por su origen». Esa distribución, ha precisado, «no coincide, en términos estadísticos, con la composición socioeconómica y cultural de la población del área en la que se encuentran dichos alumnos y, por ende, genera situaciones de desigualdad».

Según han reconocido los responsables de Educación, la situación «más complicada» se da con los alumnos llegados de fuera del Estado español, donde hay una situación de segregación mas amplia, y con el alumnado de nivel socioeconómico más bajo la distribución «no es muy equitativa». Entre los territorios, es necesario «trabajar más en Araba», la situación en Bizkaia es similar a la alavesa y en Gipuzkoa es donde «menos movimiento habría que hacer para el reequilibrio».

Desde esta perspectiva, ha informado, para disminuir de forma "eficaz" la segregación, Educación ha optado por modificar el proceso de admisión y ajustar el procedimiento de matrícula viva, la que se realiza fuera del proceso oficial de matriculación.

El planteamiento global de las nuevas medidas, ha precisado Pedrosa, se basa en el desarrollo de un proceso que, comenzando desde la entrada a las aulas de 2 años, vaya, curso a curso y de manera progresiva, extendiéndose a lo largo de todo el sistema educativo, «de forma que en ningún caso se plantee que el alumnado actualmente escolarizado en un centro tenga que moverse a otro».

Novedades principales

El nuevo procedimiento apuesta por distribuir al alumnado de forma «equilibrada», desde su ingreso en Educación Infantil (aulas de 2 años), ha señalado la viceconsejera.

En cuanto a la planificación de la oferta en el nivel de entrada a Educación Infantil, ha indicado Pedrosa, el criterio fundamental aplicado en el proceso de admisión en lo concerniente al número de plazas ofertado en cada centro será evitar la infraoferta y la sobreoferta. De entrada, todos los centros podrán ofertar todas sus plazas disponibles y planificadas.

Además, todos los centros sufragados con fondos públicos deberán reservar un número de plazas para el alumnado vulnerable, que será determinado por Educación. Esta reserva de plazas se establecerá una vez recibidas las solicitudes durante el plazo de inscripciones.

Al efecto, se ha creado un Indice de Vulnerabilidad, de forma que a cada centro se le determinará un índice de vulnerabilidad referencial, que como referencia será el mismo para todos los centros del área de influencia.

Al presentar sus solicitudes, las familias cumplimentarán una encuesta sobre su situación socioeconómica. Sobre la base de la información recabada, se delimitará el índice de vulnerabilidad y se determinará qué alumnos son considerados vulnerables y quiénes no. Así, se definirá el nivel referencial de cada zona, con el número de plazas que habrá que reservar para alumnado vulnerable en cada centro.

El Departamento de Educación definirá de oficio la reserva para cada centro, con el objetivo de que todos los centros de un área de influencia se acerquen al índice de vulnerabilidad correspondiente a su área.

También se ha realizado un ajuste de la zonificación, en Educación Infantil y Educación Primaria, para posibilitar un efecto real de las medidas establecidas.

Pedrosa ha destacado que uno de los cambios más significativos introducidos en los criterios de baremo es la puntuación asignada por proximidad del domicilio al centro. La puntuación máxima para el baremo se puede obtener en el caso de que el centro solicitado sea el centro (público o concertado) más cercano al domicilio del alumno, con 7 puntos. Cualquier otro centro en el área de influencia en la que se encuentre el domicilio -pero no el más cercano- obtendrá 5 puntos.

Se trata, según la viceconsejera, de una medida que premia la proximidad incluso dentro de una misma área de influencia, con el objetivo de fomentar una escolarización de proximidad.

Además, cada familia podrá seleccionar para la escolarización de sus hijos todos los centros de su área de influencia, o de otras áreas, limítrofes o no, que reúnan las condiciones educativas que ellos consideren adecuadas a sus planteamientos personales, priorizándolos en función de sus intereses.

El proceso de admisión tratará de ofertar a cada alumno el centro priorizado por las familias, y solo en el caso de que en ninguno de los seleccionados hubiera posibilidad de escolarización se ofertaría otro centro que, reuniendo las características marcadas, sea próximo al domicilio del alumno.

«Se trata de un procedimiento que trata de conjugar el interés de las familias en la matriculación con el del propio sistema educativo de construir un sistema más equitativo y menos segregador», ha remarcado.

Matrícula viva

Por otro lado, los criterios y principios empleados en el proceso de matriculación, se hacen extensivos a la matricula viva, es decir, aquella que se da con el curso iniciado y fuera del proceso oficial de matriculación. Por ello, la «distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad» entre los centros también será el criterio principal en estos casos, con el objeto de promover la escolarización inclusiva. También se tendrá en cuenta la proximidad entre centro y domicilio familiar.

A partir de esta orden, todas las matrículas que no se realicen en el periodo de matriculación ordinaria deberán realizarse a través del aplicativo del Departamento de Educación, para velar por la igualdad de oportunidades en el acceso a los centros educativos.