La colisión institucional provocada por el Tribunal Constitucional español el lunes al vetar la votación en el Senado sobre su propia renovación ha sido respondida por el Gobierno español con el anuncio de una ley –aparentemente «exprés»- que recogerá las enmiendas saboteadas. A la espera de cómo se concreta esta maniobra, este miércoles tanto ERC como EH Bildu han anticipado su disposición a apoyarla.

Desde ERC lo ha verbalizado en el pleno de control al Gobierno Gabriel Rufián, que no ha evitado críticas a la tibieza del Ejecutivo en esta cuestión ni tampoco recordatorios de que los boicots judiciales tienen muchos antecedentes en Catalunya.

Rufián ha adelantado el apoyo de su grupo a esta iniciativa si ello sirve para «dignificar» el Poder Judicial y la democracia porque «antes que independentistas somos demócratas».

El portavoz de ERC ha denunciado que antes de que el TC ordenara la paralización de las dos enmiendas que pretendían aprobar de forma urgente esa reforma, su partido ya advirtió al Gobierno de que los «siguientes» afectados por este «ataque judicial de la derecha» sería el propio Ejecutivo.

«Bienvenidos a la guerra judicial que se emprendió hace unos años en su democracia ejemplar contra según quién», ha ironizado Rufián, que ha recordado que su partido se quejó durante años «de la interpretación capciosa que se hacia del Código Penal».

En declaraciones de este mismo miércoles, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, también ha dejado claro que no serán un obstáculo para que esta solución prospere.

«Vemos bien todo lo que vaya en la vía de desbloquear esta situación cuanto antes. Todo lo que suponga una solución a esta crisis permanente a la que nos quiere someter el PP estará bien», ha aseverado.

EH Bildu ya apuntó el martes que urge una respuesta política rápida, contundente y conjunta al órdago lanzado por la derecha política y judicial contra la mayoría plurinacional emanada de las urnas.

¿Cómo se concretará?

Este compromiso previo tiene su valor especial si se atiende a que el Gobierno no ha dado pistas de cómo piensa definir y tramitar esta ley. El presidente español, Pedro Sánchez, se ha limitado a indicar ante la interpelación de Rufián que lo decidirán los grupos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha añadido además que esperarán a ver lo que dicte el auto del TC antes de definir cualquier contenido de la ley.

Según el texto que barajan fuentes del PSOE, iría en la línea de las enmiendas a la reforma del Código Penal bloqueadas por el Constitucional, es decir, por un lado eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) a los magistrados al Constitucional y, por otra, modificar el propio órgano de garantías eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilitando la opción de renovar por sextos y no por tercios.

Recurso del Senado

En este contexto confuso, el Constitucional (TC) celebrado este miércoles un nuevo pleno extraordinario en el que ha ratificado la decisión que adoptó hace apenas 48 horas de suspender la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas que buscan renovar el propio TC, desestimando de esta forma el recurso presentado por la Cámara Alta para poder debatir y votar en su Pleno de este jueves la reforma propuesta.

Tras más de tres horas de intensa deliberación entre sus 11 magistrados, el TC ha confirmado su resolución inicial con los mismos votos con los que la adoptó: los 6 del bloque conservador frente a los 5 de la minoría progresista.

Y ello después de rechazar la tramitación de las recusaciones lanzadas por Unidas Podemos (UP) y por la Fiscalía contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narvaéz. De haberlos apartado, se habría producido un cambio de mayoría a favor del bloque «progresista».

Unidas Podemos (UP) ya lo planteó ante las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP en su recurso de amparo contra dichas enmiendas, pero el TC consideró que entonces no era el momento procesal oportuno.

Podemos había vuelto a recusar este miércoles, aduciendo que estos dos magistrados tienen un «interés directo» en que las citadas enmiendas no se aprueben porque, de hacerlo, serían sustituidos por los dos candidatos nominados por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

La Fiscalía también había interesado abrir un incidente de recusación contra González-Trevijano y Narváez, al observar una «incuestionable vinculación directa de los citados miembros del Pleno con el objeto de tramitación parlamentaria». A su juicio, era «objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal/profesional de ambos».