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El Aita Mari tilda de «trampa» el nuevo decreto italiano sobre rescates en el Mediterráneo

La ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) denuncia que la obligación de pedir un puerto de desembarco tras el primer rescate «aumenta el riesgo de que haya pateras que queden desatendidas», lo que equivale a más muertes en el mar.

El Aita Mari está listo para volver a navegar este enero.
El Aita Mari está listo para volver a navegar este enero. (SMH)

La ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), propietaria del barco de rescate Aita Mari, ha denunciado que el nuevo decreto aprobado el pasado miércoles por el Gobierno italiano «aumenta el riesgo de que haya pateras que queden desatendidas, es decir, más muertes de las personas que se ven forzadas a abandonar sus países».

Iñigo Mijangos, presidente de SMH, ha señalado que la nueva norma establece la condición de «poner rumbo sin demora» al puerto de desembarco una vez realizado el primer rescate, algo que afectará particularmente a los barcos de rescate grandes, que están preparados para permanecer alrededor de una semana realizando rescates. «Si a esto añadimos que Italia ha pasado de dar puerto en Sicilia al continente, lo que supone varios días de navegación, está claro que quieren tener a los barcos entretenidos e impedir, de facto, que se hagan otros rescates», ha añadido.

Mijangos explica que en el Aita Mari, al ser más pequeño, «no solemos estar más de dos o tres días con personas rescatadas a bordo y sin poner rumbo a tierra. En la última misión nos vimos obligados a permanecer nueve días porque no nos asignaban puerto, y fue un sufrimiento tremendo para los hombres, mujeres, niños y niñas rescatadas, que suelen llevar una travesía muchas veces de meses o años donde han sufrido todo tipo de violaciones de derechos humanos».

«Impide el salvamento»

En caso de no pedir puerto tras el primer rescate, los capitanes se enfrentarán a multas de hasta 10.000 euros, con posibilidad de una inmovilización administrativa de 20 días para la embarcación. «Este decreto es una trampa. Quieren dar formato legal a una actuación que impide el salvamento en alta mar», remarca el presidente de la ONG.

Además, el decreto obliga a los capitanes a informar a los migrantes a bordo sobre la posibilidad de solicitar asilo, para que el país de cuya bandera sea la embarcación se ocupe del proceso, algo que para Mijangos es «simplemente insostenible. Hay una circular y una serie de recomendaciones de ACNUR que establece que los barcos no son lugares adecuados y que no están acondicionados para hacer ningún tipo de evaluación de asilo. Ni hay intérpretes ni la tripulación está cualificada para recoger testimonios o valorar la vulnerabilidad de las personas rescatadas».

Aita Mari ya está preparado para volver al Mediterráneo central el próximo mes de enero y desde SMH han asegurado que «por muchas trabas que nos pongan seguiremos peleando para que ni una sola persona que se ha visto obligada a huir de su país muera ahogada en el mar».