![Centenares de seguidores de Bolsonaro en la Esplanada dos Ministerios, en Brasilia.](/media/asset_publics/resources/000/964/527/article_main_landscape/ministerios.jpg)
Si apenas hace dos días se conmemoraba el segundo aniversario del asalto trumpista al Capitolio de EEUU, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro han invadido este domingo el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, después de haber hecho lo propio antes en el Congreso Nacional en actos golpistas contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
En los tres edificios han roto los vidrios y han causado numerosos daños materiales.
Tras varias horas, las fuerzas de seguridad brasileñas han logrado recuperar el control del Congreso y del Palacio de Planalto, con lo que ya han expulsado a los simpatizantes de Jair Bolsonaro de las sedes de los tres poderes del Estado empleando medios antidisturbios y granadas aturdidoras. Hay alrededor de 400 detenidos, según la Policía Civil de Brasilia.
La mayoría han sido detenidos por el Artículo 359-M del Código Penal, que prevé entre 4 y 12 años de prisión por «tentativa de destitución de un gobierno legítimamente electo».
También han desplazado a los asaltantes del Palacio de Planalto, donde los manifestantes habrían robado varias armas de fuego, y previamente las fuerzas de seguridad habían desalojado a los manifestantes de la sede del Tribunal Supremo Federal, donde han provocado importantes daños materiales.
Los manifestantes se habían concentrado este domingo frente al Cuartel General del Ejército, en el centro administrativo de Brasilia, y han marchado hasta la Explanada de los Ministerios.
El presidente del Congreso de Brasil, el senador Rodrigo Pacheco, ha pedido castigar de forma «urgente» y con el «rigor de la ley» a los radicales bolsonaristas.
Investigación penal
Por su parte, el Ministerio Público Federal brasileño ha anunciado la apertura de una investigación penal por los «actos violentos» en las manifestaciones que han derivado en el asalto de las sedes de instituciones oficiales. «El fiscal general de la República, Augusto Aras, supervisa y acompaña con preocupación los actos de vandalismo contra edificios públicos que han ocurrido en Brasilia este domingo», ha informado el MPF en un comunicado.
Aras «mantiene contacto permanente con las autoridades y ha adoptado las iniciativas que competen a esta institución para impedir la secuencia de actos de violencia», prosigue. Así, menciona una petición a la Fiscalía de la República en el Distrito Federal para la «apertura inmediata de procedimiento de investigación criminal».
Además, Aras mantiene contacto con el fiscal general de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios, Georges Seigneur, «para que actúe en el control externo de la actividad policial en el Distrito Federal».
Respuesta tibia de Bolsonaro
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, ha reprobado este domingo de forma tibia el intento de golpe de Estado. «Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla», ha manifestado el exmandatario en sus redes sociales.
El capitán retirado del Ejército, que dejó el poder el pasado 1 de enero, ha repudiado en su mensaje «las acusaciones, sin pruebas» vertidas por Lula da Silva, quien ha recriminado a su predecesor «estimular» los actos golpistas de sus partidarios más radicales.
«A lo largo de mi mandato, siempre estuve dentro de las cuatro líneas de la Constitución y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad», ha manifestado el líder de la extrema derecha brasileña.
Reunión de ministros
Entretanto, Lula ha mantenido una reunión de emergencia con sus ministros para tratar la situación en Brasilia. Lula, que asumió la Presidencia el 1 de enero y se encontraba en Araraquara, Sao Paulo, ha mantenido una reunión por videoconferencia con los ministros de Defensa, José Mucio Monteiro; de Justicia, Flavio Dino, y de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha.
Desde allí, el mandatario ha condenado la violencia de las últimas horas, que «no tiene precedentes». «Nunca se ha hecho en la historia de este país», se ha lamentado durante un discurso en el que ha recordado sus propias derrotas electorales.
«Todos los vándalos serán encontrados y castigados», ha dicho el mandatario, antes de leer de viva voz los detalles de un decreto que implica la intervención sobre las competencias que teóricamente le competen a Brasilia, cuya labor había sido puesta en duda por el oficialismo tras el caos vivido en las calles de la capital. Tras ello, ha regresado a Brasilia para visitar el Palacio del Planalto, la sede del Gobierno Federal, así como el Tribunal Supremo.
«Los golpistas que han promovido la destrucción de bienes públicos en Brasilia están siendo identificados y serán sancionados», ha explicado posteriomente Lula, que ha anunciado que el trabajo se retomará el lunes. «Democracia siempre», ha agregado.
Desmantelar todos los campamentos bolsonaristas
Multitud de bolsonaristas habían acampado frente al Cuartel General del Ejército desde el día posterior a las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro. Los campamentos de los bolsonaristas, que se han multiplicado en ciudades de todo el país, comenzaron a ser desmontados el viernes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde ocurrieron algunos enfrentamientos.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado este lunes al Ejército del país desmantelar todos los campamentos bolsonaristas. En una nueva orden judicial, el magistrado Alexandre de Moraes ha expresado que «nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución».
Moraes ha alertado, además, de que los comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa serán llevados ante la Justicia en caso de que estos campamentos sigan existiendo.
Desde el triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, con el 50,9% de los votos válidos frente al 49,1% de Bolsonaro, los simpatizantes de este se han concentrado en las afueras de los cuarteles del Ejército.
Tras la invasión del Congreso, Dino se ha pronunciado en las redes sociales y ha dicho el «absurdo intento de imponer la voluntad por la fuerza no prevalecerá» y ha avanzado refuerzos en los despliegues de seguridad.
Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça.
— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 8, 2023
Antes de los hechos, había afirmado que los opositores deberán esperar hasta 2026, cuando se celebren las próximas elecciones presidenciales, así como el actual Gobierno esperó entre 2018 y 2022.
El gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, ha anunciado la destitución de su secretario de Seguridad, Anderson Torres, tras el asalto protagonizado por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro a las sedes de la Presidencia. Poco después, se ha conocido que el Supremo ha suspendido al propio Rocha por 90 días. El juez, que ha atendido una petición de aliados de Lula, ha indicado que «la escalada violenta» contra la sede de los tres poderes «solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva», de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Solidaridad y denuncia internacional
También se ha manifestado en redes sociales el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha mostrado su solidaridad con Lula y con el pueblo brasileño: «El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia».
Toda mi solidaridad a @LulaOficial y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2023
Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia.
Es hora urgente de reunion de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática.
Ha señalado que es «urgente» convocar una reunión de la OEA «si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática».
De hecho, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha condenado el asalto y ha señalado que se trata de un «ataque a las instituciones en Brasilia, lo cual constituye una acción repudiable y un atentado directo a la democracia». «Estas acciones son inexcusables y de naturaleza fascista», ha agregado.
Condenamos el ataque a las instituciones en Brasilia, lo cual constituye una acción repudiable y un atentado directo a la democracia. Estas acciones son inexcusables y de naturaleza fascista. https://t.co/kUc0yufHHG
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 8, 2023
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), presidida actualmente por Argentina, ha expresado su «respaldo» al Gobierno de Lula. «La Presidencia Pro Tempore de la Celac manifiesta su respaldo al Gobierno de Lula, elegido por el pueblo de Brasil, y rechaza las acciones violentas contra las instituciones democráticas», ha señalado.
Estados Unidos ha trasladado su «apoyo inquebrantable» a las instituciones democráticas de Brasil y ha remarcado que la violencia «es siempre inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden está siguiendo «la situación de cerca», mientras se encuentra de viaje en El Paso (Texas, EEUU), ha indicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en su cuenta de Twitter.
Sullivan ha manifestado la condena de su país «a cualquier esfuerzo para socavar la democracia en Brasil», que, ha subrayado, «no se verá sacudida por la violencia».
Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha emitido un mensaje similar en sus redes sociales, donde censuró los ataques contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo brasileños.
«Emplear la violencia para atacar instituciones democráticas es siempre inaceptable», ha dicho Blinken, quien ha agregado que EEUU se une al llamamiento del presidente Lula da Silva para instar a que «se pongan fin de inmediato a todas estas acciones».
Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha considerado «impresentable» el ataque a los tres poderes del Estado por parte de bolsonaristas: «El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia».
Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas.
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 8, 2023
El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha condenado «enérgicamente» los actos «violentos y antidemocráticos» en Brasil, ya que entiende que tienen como objetivo «generar caos» e incumplir «la voluntad popular» expresada en las elecciones e 2022, de las que salió derrotado Bolsonaro.
Por su parte, el jefe de Estado de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, se ha sumado a las críticas contra «las acciones de irrespeto y vandalismo» perpetradas contra «instituciones democráticas», ya que «atentan contra el orden democrático y la seguridad ciudadana». «Expreso mi respaldo y el de mi Gobierno al régimen de Lula, legalmente constituido», ha remachado Lasso.
También desde Argentina su mandatario, Alberto Fernández, ha expresado su «incondicional» apoyo a Lula frente a «un intento de golpe de Estado». Espera unidad regional ante «esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil».
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tildado de «reprobable» y «antidemocrático» el «intento golpista de los conservadores de Brasil azuzados por la cúpula del poder oligárquico, sus voceros y fanáticos». «Lula no está solo, cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de su país, de México, del continente americano y del mundo», ha señalado el mandatario.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado «de manera categórica» la violencia generada por «los grupos neofascistas de Bolsonaro que han asaltado las instituciones democráticas de Brasil».
A este lado del Atlántico, presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha expresado su «absoluta condena» por el «asalto a las instituciones democráticas» de Brasil y ha mostrado su apoyo a Lula.
Por su parte, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell se ha mostrado «consternado» por «las acciones de violencia y la ocupación ilegal» de instituciones a manos de miles de «extremistas». «La democracia brasileña prevalecerá sobre la violencia y el extremismo», ha sentenciado.
Desde Euskal Herria, el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta ha rechazado el asalto de la extrema derecha a las instituciones brasileñas: «No podemos permitir una nueva ola antidemocrática».
Rechazamos el asalto de la extrema derecha contra las instituciones de Brasil y queremos mostrar toda nuestra solidaridad con @LulaOficial y el pueblo Brasileño.
— Gorka Elejabarrieta Diaz (@g_elejabarrieta) January 8, 2023
No podemos permitir una nueva ola antidemocrática!#LulaPresidente https://t.co/MLc3gOV8HK
El presidente del Gobierno del Estado español, Pedro Sánchez, también ha condenado lo ocurrido, al tiempo que ha mostrado su apoyo a su homólogo brasileño y ha instado a recuperar la «normalidad»: «Todo mi apoyo al presidente @LulaOficial y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática», ha escrito Sánchez en un mensaje en Twitter.
En nombre del Estado francés, Emmanuel Macron, ha reclamado este domingo que se respete «la voluntad del pueblo brasileño y las instituciones democráticas» y ha añadido que Lula da Silva «puede contar con el apoyo indefectible de Francia».
También el Ejecutivo de Portugal ha rechazado las «acciones de violencia» que se han registrado en Brasilia y ha pedido la «reposición del orden y la legalidad» en el país.
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