El alumnado considerado vulnerable que solicite la incorporación fuera del plazo ordinario al sistema educativo de la CAV, la conocida como «matrícula viva», no podrá ser matriculado en un centro público o privado concertado que tenga un Índice de Vulnerabilidad superior a la media de su área de influencia.

Esta directriz se recoge en una orden del consejero de Educación de Lakua, Jokin Bildarratz, en la que se establecen las bases reguladoras para este tipo de escolarización en las etapas de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Esta orden se publica en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), después de la aprobación del decreto de admisión para el periodo ordinario, en el que se recogen criterios para tratar de atajar la segregación escolar en la línea del pacto educativo firmado el pasado año por PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE, y que sirve de base para la nueva ley.

En la misma línea, la «matrícula viva», que engloba a todo el alumnado que por distintas causas pide entrar en el sistema educativo una vez acabado el periodo ordinario de matriculación, se regirá por el principio de «escolarización inclusiva», criterio que tendrá que tener presente las comisiones de escolarización, encargadas de analizar y de decidir los centros públicos o concertados que se asignan a cada alumno.

La principal novedad respecto a anteriores años es la aplicación, al igual que en el periodo ordinario de matrícula, del Índice de Vulnerabilidad, que el Departamento de Educación calculará a partir del alumnado con vulnerabilidad socioeconómica muy alta y del que presente necesidades educativas especiales en cada una de las áreas en las que se distribuye el mapa escolar.

En caso de que el alumnado que solicite plaza sea considerado vulnerable solo podrá escolarizarse en centros que estén por debajo del citado índice de su área, y cuando se dé el caso contrario, es decir que no sea vulnerable, solo podrá entrar en los que estén por encima de este índice.

El objetivo es mantener «un equilibrio en la distribución de la diversidad y de la vulnerabilidad de los centros docentes» tanto públicos como privados concertados.

Con este criterio Educación quiere dar solución a una de las causas de la concentración de alumnado con menores niveles socioeconómicos en determinados colegios, la mayoría públicos, a los que eran dirigidos la mayoría de los estudiantes que llegaban al sistema fuera de plazo.

Dentro de este alumnado la orden engloba tanto a los que no han participado en el proceso ordinario a partir del tercer curso del primer ciclo de Infantil, a los que se incorporan de manera tardía, y a los ya escolarizados que se trasladan de centros.

Además, de la vulnerabilidad la orden fija como circunstancias a tener en cuenta la proximidad del centro al domicilio familiar, la reagrupación de todos los hermanos en el mismo centro «siempre que sea posible», y la priorización de los centros con menor número de alumnos por nivel.

Los traslados motivados por situaciones excepcionales como la violencia machista y el terrorismo tendrán que tener como resultado la matriculación en colegios cercanos al domicilio familiar o en su caso al lugar de trabajo de los progenitores.