Los primeros sondeos han caído y, según avanza ‘Libération’, la reforma de las pensiones, presentada ayer tarde por Élisabeth Borne, recaba el rechazo del 67% de los trabajadores activos, aunque el texto tiene el beneplácito, prácticamente en la misma proporción (60%), cuando se pregunta a los pensionistas.

Un 46% de los encuestados se declara dispuesto a movilizarse contra una propuesta que afecta al corazón del modelo de protección social, y que en distinto grado rechaza hasta el 80%.

En ese contexto, el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, ha remachado este miércoles que el Gobierno irá «hasta el final» cuando le han preguntado en un programa matinal sobre la secuencia movilizadora que los sindicatos pondrán en marcha el 19 de enero.

El Ejecutivo se plantea pisar el acelerador en la tramitación del texto al que el Consejo de Ministros dará luz verde previsiblemente el próximo 23 de enero.

A partir de ahí, se abrirá el debate parlamentario que Élisabeth Borne quiere que acabe con la adopción de la reforma antes de que expire el mes de marzo.

Ello a fin de que las medidas que contempla el polémico proyecto de llevar la edad de jubilación a los 64 años para 2030 puedan aplicarse desde septiembre de este año.

Mínimo de 1.200 euros brutos en 13 pagas

Desde esa fecha se aplicará, de mantenerse en el texto, la subida a las pensiones mínimas, lo que garantizará, asegura el Ejecutivo, que dos millones de personas vean mejoradas sus percepciones hasta alcanzar los 1.200 euros (brutos) en 13 pagas.

Es uno de los cambios que ha incorporado el Gobierno Borne a su texto original y que ha sido valorado positivamente, junto con el retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 64 y no hasta los 65 como propuso Emmanuel Macron en su programa electoral.

Consciente del efecto placebo que pueden tener ciertos capítulos de la reforma, desde la bancada de la alianza de izquierda, Nupes, el jefe de filas del PS, Boris Vallaud, ha aclarado que «no por estar cubierta de miel una píldora es menos amarga».

Les Républicains plantea diferencias de matiz

¿Qué dice la derecha a la que Borne hizo guiños ayer de cara a aprobar la reforma sin tener que recurrir al dichoso artículo 49.3?

El muy conservador jefe de filas de Les Républicains (LR), Eric Ciotti, se felicita de que la mayoría presidencial haya asumido «demandas importantes» de su grupo, cuyos votos son claves.

Sin embargo, plantea reparos a uno de los aspecto del proyecto que ha recibido más críticas, como es el relativo a los trabajadores con carreras profesionales largas.

Con todo, la diferencia parece bastante de matiz. Así, el portavoz «republicano», Pierre-Henri Dumont, ha reclamado que una persona que comience a cotizar a los 20 años pueda jubilarse cuando alcance esos 43 años de cotización que la reforma plantea como condicionante para obtener el 100% de la pensión. Ello le permitiría jubilarse a los 63 y no a los 64.

El texto de Borne habla de que ningún trabajador que haya empezado a edad temprana su vida laborar cotice más de 44 años para poder acceder a la jubilación. Aunque, por franjas de edad, plantea salidas para que puedan irse antes de los 64.

Abrir la mano con los sectores más castigados

Tras presentar su proyecto, Élisabeth Borne acudía anoche a un plató de televisión para transmitir confianza. La reforma será sensible, según la primera ministra, a la hora de evaluar tareas penosas o problemas de salud que hagan imposible que un trabajador pueda llegar a la edad legal.

Por su parte, la patronal Medef ha saludado por «equilibrado» un proyecto que, según explicitó la primera ministra buscó desde el principio preservar el sistema de repartición, garantizar su viabilidad y, sobretodo, no «subir el costo del trabajo», lo que se traduce en: no subir las cotizaciones a los empresarios.

La patronal planteará la pelea en otro punto, ya que no comparte las exigencias que plantea el texto a las empresas con vistas a que estas no se desprendan de los trabajadores de más edad, cara a hacer aumentar la proporción de los llamados «trabajadores senior», gran objetivo de la reforma, junto con el avance hacia una situación de «pleno empleo».

Una «movilización masiva» como punto de partida

Los sindicatos tienen una visión totalmente opuesta de la reforma, a la que llaman a plantar cara desde el 19 de enero en las calles.

En su comparecencia, en la Bolsa de Trabajo de París, hablaron de una gran movilización que marcaría el arranque a una protesta sostenida. Sin mención a la huelga general.

Esta mañana, el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, mostraba su confianza en el que 19 de enero «mucha gente se movilizará y mucha gente hará huelga».

La presencia de la mayoritaria CFDT en la fotografía del bloque sindical exigiría, a priori, guardar ciertos equilibrios.

El responsable de esa central moderada, Laurent Berger, ha denunciado hoy en los micrófonos de FranceInfo «una reforma de equilibrio financiero que pesa exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores» y ha apelado a «dar una respuesta duradera» al proyecto gubernamental «a partir de una potente movilización de salida», el 19 de enero.

Sin regímenes especiales para los futuros cotizantes

A la espera de que se pronuncien los diferentes sectores productivos, la mirada está puesta en empresas como la de transportes de París o la EDF, con regímenes de pensiones especiales que desaparecerán para los nuevos cotizantes.

La reforma plantea, a futuro, una caja común para asalariados, autónomos y trabajadores públicos.

La France Insoumise, que tilda de regresiva y brutal la reforma, además de apoyar las protestas sindicales, impulsará una «marcha por las pensiones» el 21 de este mismo mes.

El calendario movilizador empieza a concretarse para hacer frente a un Emmanuel Macron que, en su segundo y último mandato, parece decidido a consagrarse como el «reformador» que prometió ser en 2017, antes de que la revuelta de los «chalecos amarillos», la pandemia y el calendario electoral –presidenciales y legislativas de 2022– alteraran sus planes.