Los fiscales en los casos de violencia machista pedirán medidas cautelares para reducir el riesgo para las mujeres y sus hijos, aunque las víctimas no las soliciten, y la instalación de dispositivos telemáticos en situaciones de riesgo extremo, alto o medio de especial relevancia si no se ha solicitado prisión.

Son algunas de las instrucciones que ha remitido la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, a los fiscales delegados de Violencia de género de todo el Estado español para coordinar actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas.

En el escrito, Peramato reclama a los fiscales que intervienen en las guardias de violencia machista «intensificar la actuación proactiva» de cara a la protección de las víctimas, solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares que sean necesarias para evitar en la medida de lo posible el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio.

Así, tras valorar toda la información de los registros policiales (VioGén), de Justicia (Siraj) y otros, los fiscales deberán solicitar las diligencias que se precisen para determinar el riesgo con mayor exactitud, en concreto, la valoración forense del mismo.

La noticia llega un día después de que Interior informara que descarta hacer llegar una «alerta genérica o automática» sobre los antecedentes machistas a las mujeres que conviven con hombres que han agredido a otras mujeres.

De hecho, la propia Peramato rechazaba ayer que las mujeres en dicha situación sean avisadas de forma automática, aunque precisó que sí podrán ser informadas tras valorar las circunstancias y el riesgo en cada caso.

Clara Campoamor apoya un registro público

Por contra, la asociación Clara Campoamor ha apoyado totalmente la existencia de un registro público de agresores con «antecedentes firmes». En una entrevista en Radio Euskadi recogida por Europa Press, el abogado de la asociación, José Miguel Fernández de Uralde ha afirmado que sería «un avance hacia la igualdad» porque se trata de «seguridad de la vida, de derechos básicos».

Según ha apuntado, hay antecedentes jurídicos en otras normativas y estados y también se conoce «la reincidencia de este tipo de delincuentes, tanto de violencia machista como de agresiones sexuales, que son reincidentes y que son un peligro».

En cuanto a la priorización por parte de la Fiscalía del derecho a la protección de datos de los agresores, el abogado de Clara Campoamor ha indicado que, «si ponemos […] esta lacra social frente a datos personales, que no son datos personales sino datos públicos porque estamos hablando de antecedentes penales firmes, la balanza se inclina fácilmente hacia la lucha por los derechos humanos».

Protección durante las diligencias

Sobre las medidas de protección que Peramato ha tramitado este miércoles, la fiscal ha recordado que para analizar la posibilidad de pedir prisión preventiva mientras las diligencias están abiertas se debe tener en cuenta la prueba «que sea necesaria y trascendental», y esta puede practicarse en el plazo de las 72 horas.

En cualquier caso, en aquellas situaciones en las que no se pida prisión, pero exista riesgo «extremo», «alto» o «medio de especial relevancia», el ministerio público reclamará el dispositivo telemático de detección de la proximidad.

Del mismo modo, si en el curso de la tramitación del procedimiento se agravara la situación de riesgo de la víctima y no se hubiera acordado la prisión provisional, se solicitará también la instalación del dispositivo.