El 8 de abril de 2020 falleció en el Hospital Santiago Apóstol de Gasteiz una persona presa en Zaballa. Respondía a las iniciales G.B., tenía 67 años, y, según el Gobierno de Lakua, había protagonizado un grave incidente dos días antes en el citado centro sanitario, donde le iban a someter a una intervención quirúrgica. Al parecer, fue reducido por la Ertzaintza tras atacar a una enfermera.

Salhaketa denunció lo ocurrido y solicitó la mediación del Ararteko, Manu Lezertua, que el pasado mes de diciembre envió a la asociación un escrito dando cuenta del cierre del expediente. Una misiva en la que la Defensoría censura el proceder del Departamento de Seguridad, que no remitió todo el contenido de la investigación interna «para poder verificar que se investigó conforme a las directrices de esta institución y a requerimientos internacionales y europeos».

Tampoco aportó documentos sobre la actuación policial, requeridos por el propio Ararteko, «privándole con ello de un elemento de juicio fundamental para poder valorar por sí misma la acusación sometida a su consideración». En este sentido, Lezertua señala que «el informe jurídico remitido no incluye consideración alguna relativa al establecimiento de los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimento de Recomendación General del Ararteko 7/2011», sobre actuaciones policiales, que establece que «el uso de la fuerza tiene que quedar suficientemente documentado e incluir una descripción detallada de la fuerza empleada, de modo que pueda realizarse un control posterior».

Advierte de que «la falta de respuesta a las cuestiones por las que se interesa el Ararteko o la respuesta insuficiente suponen un importante obstáculo al normal desenvolvimiento de las funciones que tiene legalmente atribuidas y menoscaban seriamente los derechos de las personas que acuden a esta institución haciendo uso de uno de los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para la defensa de esos derechos».

«Malas prácticas» y «falta del debido control»

Esta opinión es compartida por Salhaketa, que considera que el Departamento de Seguridad ha incurrido en «malas prácticas» con el Ararteko, y alerta de que «se ha podido producir una falta del debido control de la actuación policial». 

Así lo indica en un comunicado, en el que da cuenta de las dificultades con las que se ha topado a la hora de investigar lo ocurrido, ya que la asociación no pudo «contrastar la información ante el silencio del hospital, del Juzgado de Instrucción y de los medios».

Llamó a las puertas de la Fiscalía, que archivó las diligencias, y se dirigió al grupo parlamentario de EH Bildu, que presentó una batería se preguntas dirigidas a las entonces consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.

«La contestación recibida por el Parlamento omitía respuestas a determinadas preguntas referentes a la fuerza usada por el agente, si era o no proporcionada», apunta Salhaketa, y recuerda que la Ley de Policía del País Vasco recoge la creación de una Comisión de Transparencia y Control de la Policía. «Pero en abril de 2020 dicha comisión aún no había sido designada, y posteriormente no emite informe alguno sobre el fallecimiento de G.B.», manifiesta.

Además, revela que, «según el Departamento de Seguridad, no hay constancia de ningún informe médico del hospital relativo al fallecimiento de G.B., lo que se contradice con la Fiscalía, quien afirma que se le práctico la autopsia el 23 de abril de 2020». Sostiene que se trata de una «muerte de origen natural».