El Gobierno navarro y el español han alcanzado un acuerdo que evita el recurso del Estado contra la Ley foral de Cambio Climático y Transición Energética. El Gobierno navarro asume la necesidad de introducir cambios en la ley para adaptarla a la norma española y evitar así el recurso del Estado.

El pasado 7 de noviembre, a petición del Gobierno español, la Junta de Cooperación inició negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con varias disposiciones de esta ley navarra, según ha explicado el Gobierno navarro en una nota para valorar el acuerdo que evita el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Discrepancias

Así, respecto a la discrepancia sobre que el Gobierno navarro establezca reglamentariamente una zonificación de los suelos en los que pueda plantearse una instalación de energía eólica y fotovoltaica, ambas partes acuerdan interpretar que las limitaciones deben entenderse sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica.

Además, existía una discrepancia sobre el punto de la ley por el que no se podrá interrumpir el suministro de energía eléctrica, agua potable y gas a personas o familias en situación de vulnerabilidad económica. Se ha acordado que el Gobierno navarra promoverá una modificación legislativa remitiendo esta cuestión a lo dispuesto en la normativa estatal que esté vigente en cada momento.

Otro de los puntos de desacuerdo se refería a la posibilidad de que el Gobierno navarro fije el procedimiento y plazos para la transición, cierre o sustitución de las centrales térmicas ubicadas en el herrialde.

El Gobierno navarro asume que introducirá cambios

En ese sentido, se ha acordado que, de acuerdo con los objetivos de reducción de emisiones establecidos en los tratados internacionales y cuando así lo disponga expresamente la normativa básica estatal, el Gobierno navarro fijará, en el marco de su competencia, los criterios, el procedimiento y los plazos para la transición, cierre o sustitución de las centrales.

Tras el trabajo llevado a cabo por la parte técnica de representación de la Administración de Nafarroa, que contó con personal de las unidades competentes en energía, medio ambiente, derechos sociales, ordenación del territorio, patrimonio y presidencia, se consiguió llegar a un acuerdo para resolver las discrepancias existentes.

A través de este acuerdo, la Administración General del Estado ha desistido de alguna de sus pretensiones, llegando a acuerdos interpretativos que no exigen modificación en la ley, y la Administración navarra se ha comprometido a modificar el texto legal con mejoras técnicas de redacción que no afectan al contenido de la norma.

Con este último acuerdo, a lo largo de la legislatura, Nafarroa y el Estado han alcanzado ya trece acuerdos integrales en el seno de la Junta de Cooperación, lo que ha evitado otros tantos posibles recursos por parte del Estado ante el Tribunal Constitucional.

Únicamente en relación con la controversia surgida con dos leyes forales, Fuero Nuevo y la que regula la materia de contratación pública, se llegó a un acuerdo casi total pero no se consiguió evitar el recurso respecto de alguno de los artículos de esas normas.

Los dos últimos acuerdos son los relativos, por un lado, a la norma que regula los procesos de estabilización derivados de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Nafarroa, y por otro, el que se refiere a la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética.