El Gobierno municipal de Donostia ha dado luz verde este martes a la «declaración de lesividad» y a la suspensión de la licencia de obras concedida en su día a la empresa Liderko Hostel para la habilitación como albergue de unos bajos en el paseo de Arriola, cerca del campus universitario.

El Ayuntamiento certifica lo adelantado el pasado verano, cuando decretó la suspensión cautelar, lo presentado en los planos «no se ajusta a la realidad». Concretamente, para que el local sea considerado una planta baja debe cumplir una serie de condiciones que en este caso no se dan, y cita específicamente que «no se alcanza el porcentaje del 60% perimetral exigido por el Plan General de Ordenación Urbana» y «no cabría en consecuencia el uso de hospedaje».

El proyecto contemplaba una oferta de 220 camas, pero contó desde el primer momento con la oposición frontal de las comunidades de los portales 15, 17, 19 y 21, quienes contrataron dos arquitectos y «ambos coinciden en que no se cumplen todas las normas necesarias para instalar un establecimiento de estas características», contó a NAIZ hace casi un año un portavoz vecinal. En su día ese local acogió un gimnasio, pero llevaba mucho tiempo en desuso.

«Ruidos, jaleo y suciedad»

Consideraciones urbanísticas o arquitectónicas al margen, o más bien sumadas a ellas, el vecindario mostraba su preocupación por las afecciones en forma de «ruidos, jaleo, suciedad», teniendo además en cuenta el tipo de visitantes al que estaba dirigido el albergue. Presentaron sus alegaciones ante el Ayuntamiento, que «al principio no dijo nada y finalmente respondió que las habíamos presentado tarde». Cerrada esa puerta, acudieron a los tribunales.

En ese momento, el Consistorio encargó a una empresa externa un levantamiento topográfico para comprobar si las obras realizadas y los planos presentados junto a la documentación de la licencia de obra mayor eran coincidentes. El resultado fue que no, y además se verificó que «el local «no está en una planta baja, ni ante una primera planta o planta ubicada por encima de la primera o asimilable».

En julio pasado, el Gobierno municipal decidió no litigar frente al recurso vecinal –allanarse, en lenguaje jurídico–, suspender cautelarmente las obras y esperar a la resolución del recurso. Seis meses después ha incoado expediente para la declaración de lesividad y la suspensión definitiva de la licencia para poner en marcha este negocio. Las partes tienen 10 días para presentar alegaciones.