El Tribunal de Baiona ha juzgado este jueves a estas once personas en relación con la acción de desobediencia llevada a cabo, el 23 de julio, en la confluencia entre las autopistas A64 y A63 a la altura de la capital de Lapurdi.

Mientras que varias furgonetas ralentizaron el tráfico hasta conseguir que los vehículos se detuvieran del todo, varias activistas se tumbaron, encadenadas con bidones, en la calzada.

La acción, según remarcó la propia Subprefectura, duró «apenas unos minutos», si bien provocó largas retenciones. Tras la intervención de la Gendarmería, los activistas fueron apartados de la carretera, sin que se produjeran perjuicios mayores.

De hecho, la gestora de la autopista, que interpuso la denuncia en el origen de este proceso judicial, no se ha personado en la vista.

Al final del juicio, la procuradora ha pedido una pena de 950 euros de multa –sin obligación de pago– para diez de los procesados y para Unai Arkauz, en razón de sus antecedentes, la misma cantidad pero con obligación de pago. La decisión se conocerá el 9 de marzo.

Los once ciudadanos imputados por la ocupación de la autopista A63 han razonado ante el juez los motivos de su participación en una acción desobediente que han defendido como necesaria y legítima.

Por su parte, los dos testigos de la defensa, el alcalde de Baiona y presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray y el vicepresidente y responsable de Turismo de la misma institución, Daniel Oltzomendi, han enmarcado los hechos en el compromiso de la sociedad civil por el proceso de paz.

Como hiciera en el precedente juicio en Akize, en que fueron juzgadas otras 9 personas por haber ocupado la vía ferrea en Bokale, Etchegaray ha remarcado ante la juez que, de no ser por la responsabilidad que ostenta, él mismo podría haber participado en la acción junto a los jóvenes procesados, que en sus declaraciones han expresado su compromiso con una paz duradera para su país.

Al igual que la defensa en la sala, la asociación Bake Bidea, a la puerta del tribunal, ha pedido la absolución al estimar que la acción, destinada a remarcar la urgencia de dar una salida a dos presos, Jakes Esnal y Ion Kepa Parot, con 32 años de prisión a sus espaldas, fue «totalmente legítima».

Solidaridad en la calle

Desde una hora antes de que comenzara el juicio, desde las 13.00, numerosas personas han acudido a mostrar su solidaridad a los encausados.

La Policía ha protegido con vallas la entrada del tribunal, pero el acto de apoyo ha discurrido en ambiente sereno, amenizado por la electrocharanga de los jóvenes del liceo Bernat Etxepare.

Se ha repetido así la muestra de solidaridad que ya se vivió, el 15 de diciembre, ante el Tribunal de Akize.

El juicio de Baiona ha llegado, efectivamente, una semana después de que, el pasado 26 de enero, se diera a conocer la sentencia impuesta a los nueve artesanos de la paz que fueron juzgados en dicha localidad landesa.

Los magistrados impusieron a cada uno de los activistas una multa simbólica de 800 euros que, sin embargo, no deberán abonar a no ser que cometan a futuro un delito similar.

Con todo, aquel juicio dejó pendiente la cuestión de la indemnización solicitada por dos servicios de la compañía de ferrocarril francesa SNCF, por una cuantía superior a 160.000 euros. El tribunal determinó que esa segundo juicio se celebre el próximo 3 de julio.