Como un paso hacia el reconocimiento y reparación de las víctimas ha sido considerado por la mayoría de los grupos del Parlamento navarro el informe sobre la tortura y otros malos tatos en Nafarroa desde 1979 hasta la actualidad, que ha sido presentado este martes en la Comisión de Relaciones Ciudadanas del legislativo por las representantes del Instituto Vasco de Criminología de la EHU-UPV Laura Pego y Jeannette Ruiz Goikotxeta.

Pego ha puesto de relieve el escaso período de tiempo en el que se ha realizado el informe, entre junio y noviembre, cuando ya se acometió la redacción del informe. En este sentido, ha recordado que «no partíamos de cero», ya que existían unos trabajos previos al respecto realizados tanto en el ámbito de la CAV como en Nafarroa.

Después de esos seis meses de intenso trabajo, el IVAC ha recopilado información de 676 personas que han denunciado estas prácticas, con un total de 825 casos estimados de denuncias de torturas y malos tratos. Pego ha matizado que se ha llegado a analizar a 434 personas, con 532 casos, por lo que «nos quedan 242 expedientes por analizar que estimamos alcanzarán 295 casos».

Del total de casos investigados, el 83% corresponden a hombres y en el rango de edad, ha destacado que el 58% de los casos corresponden a personas con edades comprendidas ente los 21 y 29 años, seguidos de las personas con entre 18 y 20, con once menores que han denunciado torturas.

En total, entre los años 1960 y 2015, los casos son 1.068 y afectan a 891 personas. Teniendo en cuenta estos datos, Pego ha destacado como conclusión que se registraron «abusos a escala importante que se han perpetuado en un contexto determinado hasta tiempos muy recientes». Y, en relación a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha puesto de relieve las cinco sentencias relacionadas con navarros registradas ya en el siglo XXI y ha calificado de «escandaloso» que en esa época «se condene al Estado por no investigar, que es algo que cierra el círculo de la impunidad».

Tras recordar que el informe ya tiene un carácter púbico, Pego ha finalizado señalando que se trata de una investigación inacabada en la que «queremos seguir trabajando» para dar «esa pequeña verdad a los y las afectadas».

Por su parte, Yanet Ruiz, una de las cinco psicólogas que han participado en la investigación, ha explicado cómo se han tratado los 13 casos sobre los que se ha aplicado el protocolo de Estambul.

NA+, por las ramas técnicas

Tras las intervenciones de la representación del IVAC ha tomado la palabra el portavoz de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, quien ha asegurado que las denuncias de torturas y malos tratos «deben investigarse con rigor» y que este es «un tema serio en el que no cabe la frivolidad». Incluso ha señalado que «los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad fueron nuestros ángeles guardianes, pero quien ha torturado no es de los nuestros». Tras esa introducción, se ha limitado a irse por las ramas y lanzar una batería de preguntas que él mismo ha reconocido que eran «muy técnicas» y de las que espera respuesta por escrito.

Por parte del PSN, Inma Jurío ha mostrado su respaldo al informe y ha señalado que desde su formación «hemos reconocido cualquier vulneración de derechos humanos y las hemos rechazado». Ha asegurado que las torturas fueron practicadas por «determinadas personas» que hicieron un «uso ilegítimo de los instrumentos del Estado», aunque, acto seguido, ha afirmado que «no nos vamos a situar en el negacionismo» y que «debemos avanzar en el reconocimiento y reparación» a las víctimas.

Desde Geroa Bai, Jabi Arakama ha calificado el informe de «pieza importante para acabar con el silencio en torno a determinadas víctimas», mientras consideraba que «más vale tarde que nunca» que se haya realizado, lo que evidencia que «las instituciones están apostando por arrojar luz en esta cuestión». Ha puesto de relieve que «la impunidad ha hecho aumentar el sufrimiento de las víctimas y que muestren desconfianza respecto a las instituciones». Ha calificado de «relevantes» los resultados de un informe «basado en criterios científicos» y ha abogado por finalizar esta investigación.

En términos similares se ha expresado la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, quien ha destacado que el informe «muestra hasta dónde llegó la tortura», lo que «hace muy difícil defender que fueron situaciones puntuales». En este sentido, ha recordado que durante el franquismo, la llamada transición y el período ‘democrático’ hubo torturas y «con gobiernos de todos los signos», que la han utilizado como «política de Estado». Ha recordado que se trata de una «violencia negada» y que, en ese sentido, el informe «da luz a las víctimas» y «es un primer paso para el reconocimiento y reparación» porque «queda camino por recorrer en el derecho a la verdad».

Ainhoa Aznarez, de Podemos, ha calificado el informe de «necesario y oportuno porque pone negro sobre blanco una realidad que ha quedado impune durante mucho tiempo». Ha considerado que «reconocer que hubo tortura es necesario para conocer la verdad y que haya una reparación».

Y desde I-E, Marisa de Simón ha destacado que «el hecho de investigar es una manera de preparar», ya que «el silencio y el oscurantismo es añadir más dolor al dolor». Ha abogado por «ir más allá de investigar, porque hay que resarcir el daño causado»