A la espera de que la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia resuelva la petición de la acusación popular que ejerce EH Bildu para que se fije fecha al inicio del juicio por el cobro de subvenciones públicas en el Ayuntamiento de Alonsotegi por obras que no se ejecutaron tras el fallecimiento del exalcalde José Luis Erezuma, que urdió esa estrategia para saldar deudas con la constructora Laneder, otro exprimer edil del PNV, Aitor Santisteban, ve cómo se aproxima su pase por el banquillo de los acusados por un caso similar.

Santisteban, alcalde de 2007 a 2011; Alberto Zulueta, arquitecto asesor del Consistorio a través de la firma Arkideiak; Roberto Fernández y Saúl Fonseca, de Proyectos y Obras Pabisa; y Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, de Laneder Construcciones, se enfrentan cada uno a 7 años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones.

En concepto de responsabilidad civil se solicita que los seis encausados indemnicen conjunta y solidariamente con 2,2 millones de euros más los intereses correspondientes a la Diputación vizcaina, la Administración General del Estado y al Consistorio de Alonsotegi. Es la petición que realiza la Fiscalía en su escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo al que ha tenido acceso NAIZ.

Siete años han transcurrido desde que EH Bildu, que emprendió el análisis de las cuentas municipales tras negarse el PNV a realizar una auditoría, destapase estas irregularidades. La instrucción no ha sido sencilla debido a las trabas promovidas por las defensas de los implicados. Este caso y el posterior, con Erezuma como cabeza de turco de la estrategia de Sabin Etxea, son consecuencia del estado ruinoso en que quedó el Ayuntamiento tras la gestión irregular de otro alcalde, el jeltzale Gabino Martínez de Arenaza, de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz, con un agujero estimado de 15 millones de euros.

Beneficio ilícito

El Ministerio Público estima que hay suficientes pruebas de que esas seis personas y otra que falleció se pusieron de acuerdo, «con el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito», para aparentar una serie de obras en Alonsotegi y obtener financiación de la Diputación de Bizkaia y Gobierno español. «Para crear dicha apariencia e incorporar a su patrimonio los fondos indicados –cerca de 2,2 millones de euros–, tramitaron expedientes a los que dieron contenido elaborando ofertas, informes, memorias, actas, certificaciones y facturas que no se ajustaban a la realidad», sustentadas por decretos rubricados por Aitor Santisteban.

Los proyectos que se beneficiaron de la subvención foral fueron las obras de mejora y arreglo de los daños ocasionados por las inundaciones de junio de 2008 en el camino de Artiba, así como en el acceso y contenciones al campo de Basteita. Las ayudas estatales fueron para la reforma de los «inexistentes» servicios sociales de esa instalación deportiva municipal y la eliminación de barreras arquitectónicas en Loibe.

Al exalcalde se le sitúa como autor del fraude mientras al arquitecto asesor y a los directivos de las constructoras se les califica como cooperadores necesarios en la maniobra para hacerse con esos fondos provenientes de subvenciones de la Diputación para reparar daños ocasionados por esas inundaciones de 2008 y financiación del Fondo Estatal de Inversión Local y del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo. De las arcas forales obtuvieron 1.738.009,17 euros y de la estatales 461.068,82, a lo que hay que sumar los 53.249,23 euros que aportó el Consistorio para saldar las facturas que le giraron Arkideiak, Pabisa y Laneder.

En todo aquel proceso la única objeción partió de la secretaria-interventora municipal, que elevó varios informes cuestionando la documentación que se le presentaba para que fuese avalada. Como sucedió en el posterior fraude, la Diputación no puso ningún reparo a la hora de otorgar la subvención y así la concedió Patxi Sierra-Sesumaga, responsable de Relaciones Municipales y Administración Pública siendo diputado general José Luis Bilbao.