![Representantes de SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT, en la comparecencia de hoy.](/media/asset_publics/resources/000/973/624/article_main_landscape/osakidetza.jpg)
Representantes de Satse, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT han comparecido este viernes en Bilbo para detallar aspectos de la grave situación que vive Osakidetza, incidiendo en la situación de bloqueo de la mesa sectorial. En ese contexto, la mayoría sindical da un nuevo paso en su dinámica de movilizaciones, convocando marchas para el 25 de febrero, a las 12.00, en las capitales de la CAV en defensa del servicio público de salud.
A esas manifestaciones, bajo el lema ‘Osakidetza salba dezagun. No al desmantelamiento de la sanidad pública’, han llamado a sumarse no solo a la plantilla, también a la ciudadanía y los movimientos sociales.
Amaia Mayor y Esther Saavedra, de Satse y ELA, han expuesto la realidad de la mayor empresa pública de la CAV, donde el 50% de la plantilla –en torno a 24.000 trabajadores– tiene un contrato temporal. Frente a las declaraciones del lehendakari Iñigo Urkullu y de la consejera Gotzone Sagardui, negando el desmantelamiento y la privatización, han aportado datos que echan por tierra sus afirmaciones de que no se camina hacia la privatización.
Han destacado la precariedad laboral, con esa alta tasa de temporalidad, sobrecarga «sistemática» de trabajo y escasez de plantilla, que tiene reflejo en recortes en Puntos de Atención Continuada (PAC), Urgencias y Atención Primaria. Precisamente han incidido en ese segmento, donde han alertado que la situación no ha hecho más que empeorar en los últimos tres años.
En ese contexto de crisis, se encuentran con una mesa sectorial «totalmente bloqueada». «Osakidetza reconoce que no tiene capacidad de decisión y el Departamento de Salud no ha atendido ni una sola de las reivindicaciones de la parte social y ni siquiera ha contestado a las propuestas de los sindicatos tras la reunión mantenida el 7 de diciembre», han advertido.
«Cómoda en la imposición
«Pretenden utilizar la mesa sectorial para aparentar una negociación que no existe –han insistido en su comparecencia–, haciendo caso omiso a las movilizaciones impulsadas antes del verano». «La consejera –ha añadido Mayor– está cómoda en la imposición».
La mayoría sindical ha denunciado que el departamento que dirige Sagardui «sigue tomando decisiones que ahondan en la senda del desmantelamiento de nuestra sanidad pública». «Para el ejercicio 2023, el presupuesto dedicado a Sanidad es 20 millones de euros inferior a la cantidad efectivamente gastada en 2022; parece que, a ojos del Gobierno Vasco, este año 2023, las necesidades son menores que el año pasado», han cuestionado.
También han destacado que se ha eliminado la partida destinada a las necesidades derivadas del covid y, al mismo tiempo, se «alega que la precarización del servicio que se ofrece a la ciudadanía es consecuencia directa de la pandemia».
Las centrales han defendido que la asistencia sanitaria que se ofrece a la ciudadanía es cada vez menos accesible y de peor calidad.
«Las citas en Atención Primaria tienen una importante demora y en ocasiones no está garantizada la presencialidad; el cierre o la restricción de horarios de los PACs obliga a los y las pacientes a hacer mayores desplazamientos, lo que coloca a colectivos vulnerables en una situación cada vez más delicada; la espera media en las Urgencias Hospitalarias es de 5 horas y de hasta dos días para ingresar en planta tras ser atendido; el número de pacientes en espera para una consulta externa se ha multiplicado por 6 en 6 años; el de aquellos en espera de una prueba diagnóstica se ha duplicado desde 2019; y las listas de espera quirúrgicas han aumentado un 36% en tres años; Osakidetza ha reconocido hasta 11 meses de retraso en los cribados del cáncer de mama y un mes de espera para los pacientes con cáncer que deben ser operados», han expuesto.
Frente a esa realidad, detectan el incremento de seguros privados de salud, especialmente en Bizkaia, donde uno de cada tres personas cuenta con ellos.
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