Salhaketa ha informado de que el preso A.E.J., de 43 años, cuya «residencia habitual» está en Bizkaia, falleció el pasado 4 de febrero en la cárcel de Dueñas, en Palencia.

De acuerdo con ese organismo, el preso fue hallado muerto en su celda. En los días previos a su fallecimiento había pedido atención sanitaria «ya que tenía un dolor en el pecho». Según ha contado su familia a Salhaketa, «ese mismo día se había dirigido hacia Enfermería».

La familia tuvo conocimiento de su muerte a través de otro prisionero. «Después de llamar a todos los hospitales de la ciudad, consiguió hablar con el director del centro penitenciario, el cual les comunica que lo encontraron acostado en su celda en el recuento de la tarde».

Salhaketa ha denunciado que esta muerte «no es un caso aislado ni una excepcionalidad. Por un lado, la asistencia médica en prisión es insuficiente, superficial y de difícil acceso. Por otro, la falta de comunicación y ocultamiento sistemático de estas muertes por parte de los responsables penitenciarios con las familias y el exterior».

Añade que factores como el aislamiento, «las dinámicas relacionales, la mala alimentación y las relaciones de subordinación con el entorno» generan «efectos devastadores en la salud mental y física de quienes las habitan».

Alejado de su lugar de residencia

Tras cuestionar «qué mecanismos tiene Instituciones Penitenciarias de comunicación sobre las muertes que se dan dentro de sus muros», «cómo nos enteramos de quienes mueren dentro», «cuántas personas sin redes familiares son olvidadas» y «cuáles son las causas de estas muertes», ha interpelado a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno español «qué medidas va a poner en marcha para evitar estas muertes».

Igualmente, ha emplazado al Gobierno de Lakua y a los partidos vascos con representación parlamentaria a que se posicionen ante esta muerte «ya que se trata de un ciudadano vasco que ha fallecido en una prisión alejada de su lugar de residencia».

Peticiones

Junto a ello, ha reclamado que el Ministerio Fiscal «no se inhiba e investigue de oficio estas muertes» para que «las muertes en prisión no quede impunes»; que las direcciones de las prisiones «informen con imparcialidad a las familias»; que se garantice que los familiares de las personas presas «puedan transmitir incidencias a la dirección de la cárcel sin que ello suponga represalia de ningún tipo para el familiar preso»; que se faciliten a las familias «información y apoyo ante los tribunales para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del funcionamiento de la administración de justicia» y así puedan reclamar las indemnizaciones pertinentes por dichas muertes; y la «inmediata» excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio.

Finalmente, Salhaketa pide que se reforme la legislación penal y penitenciaria «que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional» que, según destaca, son las formas de cumplimiento «más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad que contribuyen a disminuir la presión y maltrato psicológico que sufren las personas presas».