La Audiencia de Gipuzkoa ha dictado orden de detención contra uno de los seis jóvenes acusados de la muerte de Santi Coca, el menor fallecido tras una pelea en Donostia en 2019, que ha huido cuando faltan tan sólo catorce días para el inicio del juicio con jurado por estos hechos.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa ordena a la Ertzaintza, a la Policía español y a la Guardia Civil que «procedan a la búsqueda y detención» de este joven, ya que «ha dejado de cumplir» la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia que se le había impuesto como condición para acceder a la situación de libertad provisional.

El inicio de la vista está señalado para el próximo 3 de marzo, con la previsión de que las sesiones se prolonguen durante dos semanas.

Cada uno de los seis acusados se enfrenta a una petición de veinte años de cárcel tanto por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa como de la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima.

El Ayuntamiento de Donostia, personado en la causa como acción popular, reclama quince años de prisión para cinco de los procesados, si bien eleva hasta los veinte años su solicitud para el joven ahora fugado, a quien atribuye haber propinado a Coca, de 17 años de edad, la «última y brutal patada en la cabeza» cuando ya había perdido el conocimiento.

Dos días en coma

Tras sufrir la agresión, ocurrida la madrugada del 26 de abril de 2019 en el exterior del Club Náutico donostiarra, Coca fue atendido en el lugar por varios equipos sanitarios que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Posteriormente, fue trasladado en estado de extrema gravedad al Hospital Donostia, donde falleció después de permanecer dos días en coma.

La Ertzaintza detuvo a siete jóvenes por su presunta relación con estos hechos, si bien el Juzgado de Guardia sólo ordenó prisión provisional para seis de ellos.

En 2020 los seis accedieron a la libertad provisional con distintas medidas cautelares para evitar su huida, como la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

El joven ahora huido vulneró estas condiciones, por lo que en febrero de 2021 el juzgado que instruía la causa ordenó su ingreso en la cárcel nuevamente.

Pasado el tiempo alcanzó el límite legal de dos años en situación de prisión provisional por lo que en marzo de 2022 la Audiencia ordenó su excarcelación, estableciendo el cumplimiento de ciertas medidas, entre ellas la de presentarse periódicamente ante la Justicia, condición que se ha saltado en vísperas del juicio.