Ekologistak Martxan ha elaborado un informe acerca del uso de los patinetes eléctricos en Bilbo, en el que pide que cualquier toma de decisión respecto a la concesión de licencias a empresas para el alquiler de este tipo de vehículos pase por tener en cuenta los impactos ambientales y sociales. Advierten de que las emisiones de efecto invernadero de estos vehículos son más altas, incluso que las de los ciclomotores de gasolina de menos de 50 centímetros cúbicos.

El colectivo echa en falta un estudio sobre el empleo e impacto de estos patinetes en la ciudad, que analice los tipos de trayectos, edades de los usuarios o de dónde proceden en términos de movilidad. En octubre de 2019, el Gobierno municipal aprobó una instrucción que regula el uso específico de los patinetes eléctricos y similares, que tienen prohibido circular por aceras, zonas peatonales, plazas, parques y jardines, aunque su cumplimiento no es total.

Los ecologistas apuntan a la «gran dificultad» que presenta la aplicación efectiva de la normativa en vigor. «La invasión del patinete en determinadas zonas es sistemática (no es un caso casual de incivismos), sobre todo en algunas zonas de tránsito y espacios peatonales, por ejemplo en el Casco Viejo, Zabalburu...», exponen. Alertan de que «no es un hecho ocasional» la invasión de la acera.

Además, apuntan a ciertas lagunas en el reglamento en vigor, como el de la carga que se puede desplazar o los criterios para dar la licencia de actividades económicas, que puede generar importantes problemas en espacios peatonales, como es el caso del Casco Viejo.

Siniestralidad en aumento

Preocupa el incremento de la siniestralidad, ya que se ha pasado de 8 accidentes en 2019 a 34 en 2021. Sostienen que los incidentes irán en aumento por el nivel «muy alto» de población vulnerable. «El 65,3% de la población se desplaza andando; el 24% de la población tiene más de 65 años y de esta cifra un 9% tiene más de 80 años, según el censo de 2021. Las proyecciones realizadas para el año 2030, estima que 29 de cada cien residentes, tendrán más de 65 años», argumentan.

En enero pasado, los grupos que sustentan al Gobierno encabezado por Juan Mari Aburto rechazaron una moción de EH Bildu en la que se pedía un estudio sobre el impacto de su uso y la posible implantación de un servicio municipal de préstamo de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), además de una ordenanza que regule su uso y la aplicación de una moratoria de concesión de licencias.

En aquella sesión plenaria, la edil de Movilidad y Sostenibilidad rechazó «rotundamente» un servicio municipal de préstamo similar al de bicicletas. Nora Abete indicó que existen en las calles del Botxo 44 VPM de empresa y no hay «ningún problema de convivencia».

Para Ekologistak Martxan hay que tener en cuenta que en ciudades como París o Toronto se están prohibiendo o cuestionando la concesión de licencias. En la capital francesa, por ejemplo, está planteado un referéndum para el 2 de abril.

Consideran «importante» incorporar las nuevas directrices que en noviembre de 2020 modificaron el Reglamento General de Circulación, como la obligatoriedad de un seguro que sirva para cubrir responsabilidades en caso de accidente, o la obligación de registrar el vehículo sin coste alguno para el usuario.