Según ha dado a conocer este martes la familia de Malek, el preso de 22 años que murió en la prisión de Zaballa el pasado 28 de febrero, se personarán en la investigación para esclarecer la situación en la que se encontraba y si la administración penitenciaria «ha obrado con la diligencia debida».

Además, sus allegados aportarán al Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz, donde ya está en curso la investigación, «toda la información recabada y que ostenta en su haber».

Así lo han anunciado en la concentración convocada por Salhaketa este martes en Gasteiz, donde también han recordado el fallecimiento de otro preso en la prisión de Martutene, apenas 24 horas después del de Malek.

Aparte de la «actitud fría y victimizante de las instituciones vascas», los familiares han censurado que el cadáver de Malek fue trasladado a un tanatorio «muy caro» en el que había «policía secreta haciéndose pasar por educadores» y donde tuvieron que apartar propaganda y cruces cristianas «a pesar de haber insistido en la religión de Malek». Por ello, tuvieron que trasladarlo a otra funeraria.

Impedimentos para la repatriación

Asimismo, han explicado que todavía no ha sido posible repatriar el cuerpo de Malek a Argelia, su lugar de origen, porque las instituciones no tenían el pasaporte del joven y no les entregaron el certificado de defunción desde el principio. Ahora, la familia está esperando un salvoconducto del Consulado argelino que dé vía libre al traslado.

En definitiva, han lamentado «haber pasado más horas negociando con el Departamento de Justicia que llorando a nuestro muerto» y han asegurado que Lakua ofreció solo 1.800 euros para cubrir los gastos y fue «tras varias horas de negociaciones» cuando accedió a pagar 5.000 euros, una cantidad «insuficiente ya que solo los gastos funerarios ascendieron a 7.000 euros, a los que hay que sumar los más de 5.000 de la repatriación».

Con todo, han agradecido que el segundo tanatorio les haya ofrecido facilidades para la repatriación del cuerpo, así como el cariño de los profesionales que les han asistido y en especial la Comunidad Musulmana de Gasteiz, que «se implicó desde el primer momento en la recolecta de dinero para su repatriación».

Por su parte, Salhaketa ha denunciado «con contundencia y pavor la situación de desesperanza y no futuro que pueden vivir las personas presas en territorio vasco, que ven como única salida quitarse la vida».