En una carta abierta, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas pide que se defiendan una forma «más decidida las libertades de expresión, opinión e información, la necesidad de transparencia y celeridad en el ejercicio del poder y desempeño de la Justicia» con respecto a Pablo González.

A Pablo González, «periodista vasco-ruso encarcelado desde hace un año en Polonia, se le ha cuestionado su acreditación y documentos, sus movimientos y contactos a la hora de cubrir la guerra, sin juicio y sin que, hasta el momento, se haya presentado prueba alguna», denuncian.

Recientemente ha vuelto a prolongarse su prisión provisional, al menos hasta el 24 de mayo.

Según recuerdan, González trabaja como freelance para diferentes medios y, «bajo la acusación de ser un espía ruso, permanece encarcelado víctima de una maraña y dificultades derivadas del confuso y poco transparente laberinto burocrático-judicial polaco».

Así, denuncian que la situación en la que le mantienen preso «vulnera la libertad de prensa y los derechos más básicos de las personas detenidas que están recogidos en diferentes normas y tratados de la Unión Europea y de las Naciones Unidas».

«Después de un año, sin una intervención clara y decidida por parte del Gobierno español, solo filtraciones por detrás para desactivar el pronunciamiento de medios y periodistas, Pablo continúa en prisión preventiva, incomunicado 23 horas al día, sometido a un régimen carcelario durísimo sin que, hasta el momento, se le haya permitido el contacto telefónico con sus tres hijos o familia, sufriendo desde el principio todas las trabas y dificultades que hacen más difícil y delicada su situación», advierten.

En ese sentido, añaden que, «más allá del drama personal y familiar, lo que está ocurriendo con Pablo González y se le está permitiendo al gobierno de Polonia», supone «un grave precedente para el libre ejercicio de nuestra profesión, a la vez que un claro desamparo legal».

«Celeridad y contundencia»

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas considera que el Gobierno español «no está obrando con la celeridad y contundencia que debería y que diplomáticamente despliega en otros casos».

Este «grave precedente», afirman, «alerta a toda la comunidad periodística y representa una falla democrática en suelo europeo, una falla que, incluso en un contexto de guerra, deberíamos combatir decididamente y sin complejos».

En ese sentido, recuerdan que Polonia es un país donde «los valores democráticos fundamentales no están profundamente arraigados en la conciencia política de gran parte de su sociedad» y sufre «una decadente calidad de su democracia y, por tanto, ha caído en el ranking de los Estados de Derecho».

Por todo ello, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas exige una respuesta e intervención «clara, decidida, inmediata y valiente del gobierno español ante Polonia y ante la opinión pública española».

Tras subrayar que, «en contextos de incertidumbre y conflicto armado, urge más que nunca la defensa de la democracia, el periodismo y los derechos humanos» que exigen se apliquen en el caso de Pablo González, piden a todas las instituciones implicadas que hagan «un esfuerzo por su liberación para garantizar que tenga un proceso judicial justo».

Asimismo, reiteran la necesidad de que, «en cualquier circunstancia o emergencia, se deje trabajar a los medios de comunicación y periodistas con libertad, seguridad y plena garantía». «La guerra no puede ser excusa para cercenar la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a la información y la libertad de movimiento de los periodistas a la hora de cubrir lo que está sucediendo», concluyen.