La pasada semana GARA y NAIZ informaron de que la abogada de un alto cargo del Gobierno sancionado por la Comisión de Ética había amenazado por email al parlamentario que denunció su caso, y que lo hizo en un correo electrónico con copia a la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, sin que se conozca que esta haya hecho nada al respecto.

Este viernes ha comparecido ante los medios Unai Fernández de Betoño, para hacer público que él fue el parlamentario amenazado por la abogada de Iván Pedreira. Y lo ha hecho acompañado por el también representante de EH Bildu Josu Estarrona, que ha anunciado que en el próximo pleno de control preguntará a la consejera Olatz Garamendi por lo ocurrido y por su inacción al respecto.

El 20 de julio de 2022, la Comisión de Ética Pública determinó que «el director de Planificación del Transporte, incurrió en un ‘cumplimiento insuficiente’ del Código Ético y de Conducta del Gobierno Vasco. Se trata de Iván Pedreira, que cuando era director de Administración Ambiental, en la pasada legislatura, dio su conformidad a las evaluaciones ambientales de 12 planes y estudios elaborados por la ingeniería ASMATU S.L.P. en la que había trabajado con anterioridad y sin que hubieran transcurrido dos años desde que finalizó su vinculación laboral con la citada empresa.

El 29 de julio, la abogada de Iván Pedreira se dirigió por correo electrónico al parlamentario Unai Fernández de Betoño amenazándole con emprender acciones legales contra él si daba publicidad a la sanción impuesta por la CEP a su defendido y lo hizo poniendo en copia del correo a la consejera y presidenta de la comisión, Olatz Garamendi. Después la sanción se hizo pública en el Boletín Ofiical del País Vasco.

Unai Fernández de Betoño ha explicado que él trasladó la información que conocía a la Comisión Ética «porque, como parlamentario, tengo la responsabilidad de ejercer ese control sobre la labor del Gobierno».

A continuación, ha expuesto su «sorpresa» por el correo recibido, puesto que «los miembros de la Comisión Ética tienen la obligación de mantener en secreto toda la información que manejan en ese órgano. Entre otras cosas, tienen la obligación de garantizar el anonimato de las personas denunciantes». Y sostiene que la CEP «incumplió su obligación» y además es evidente que la consejera Olatz Garamendi tuvo conocimiento de ello.

La Comisión Ética, en cuestión

El parlamentario Josu Estarrona ha destacado que «lo ocurrido es muy grave». Ha asegurado que «está en cuestión la propia Comisión de Ética Pública, su funcionamiento y su credibilidad. La Comisión y también la actuación de la consejera Olatz Garamendi. Aun sabiendo que la identidad del denunciante se había filtrado, no ha hecho nada; aun sabiendo que el denunciante, un parlamentario, había recibido una clara amenaza, no ha hecho nada. Porque Garamendi no ha movido ni un dedo para aclarar y depurar lo que ha pasado aquí».

Y como la consejera se ha negado a responder por escrito a la pregunta que sobre esto le realizó Estarrona, tendrá que hacerlo verbalmente y ante las cámaras del Parlamento puesto que EH Bildu llevará el punto al pleno de control del próximo viernes.

Estarrona ha subrayado que «a la presidenta de la Comisión Ética, a la consejera hay que exigirle que abra un expediente para identificar al miembro de ese organismo que se ha saltado la obligación de preservar el anonimato de las personas denunciantes y, después, depurar las responsabilidades necesarias».

«¿Quién se va a denunciar?»

En opinión de EH Bildu, «es evidente que Garamendi no está desempeñando correctamente sus funciones en esa Comisión y también es evidente que con esta forma de funcionamiento la propia Comisión no sirve para nada. Lo que vemos es que protege mejor a las personas denunciadas que a las denunciantes, lo que es el peor punto de partida posible cuando el objetivo es, al menos en teoría, perseguir prácticas irregulares».

Por todo ello, y con los efectos que esto tiene, Josu Estarrona se ha preguntado «cómo va alguien a denunciar nada si no sabe a ciencia cierta que va a tener el respaldo de la institución».

Estarrona ha concluido recordando que «como hemos dicho otras veces: más que una Comisión Ética, es una Comisión Estética. No sirve para detectar prácticas inadecuadas y parece que su única misión es blanquear la actuación del Gobierno». Y de nuevo ha reiterado que en la CAV «necesitamos un organismo independiente que prevenga, detecte, investigue y sancione cualquier práctica irregular», porque el entramado actual «esta muy lejos de garantizar todo eso».