La Comisión Europea ha presentado este martes su propuesta para adaptar el mercado eléctrico de la UE a la era de las renovables, con el objetivo de abaratar la energía, evitar picos de volatilidad y ganar competitividad en la carrera tecnológica global hacia una economía descarbonizada.

El mercado eléctrico de la UE empezó a liberalizarse e integrarse en 1996 y, al calor de las crisis de precios del gas de 2022 y su contagio a los precios de la luz, será sometido a un nuevo ajuste de calado para afrontar las próximas décadas, en el que la electricidad ganará peso en el sistema productivo frente a los combustibles fósiles.

El objetivo es que el 70% de la electricidad europea sea de origen renovable en 2030, frente al 22,3% de 2022 de solar y eólica, a lo que se suma un 21,9% de nuclear, un 10,2% de hidroeléctrica, un 19,9% de gas y un 15,9% de carbón y un 5,9% de bioenergía.

La Comisión, que ha trabajado su propuesta con las capitales y tendrá que negociar la versión final con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo, quiere que el nuevo mercado esté operativo en un año, aunque Alemania aboga por un ligero ajuste ahora y una reforma más profunda con más tiempo.

El Ejecutivo comunitario quiere que las renovables ganen más peso en el ‘mix’ eléctrico en detrimento del gas mediante contratos a largo plazo entre generadores y consumidores que garanticen la rentabilidad para incentivar la inversión en fuentes sostenibles, pero que arrojen también precios más bajos y estables.

El texto mantiene el sistema de precios marginalista en el mercado intradía, de forma que la tecnología más cara, generalmente el gas, fija el precio del resto de formas de generación. Pero promueve que se reduzca la exposición a ese mercado volátil, facilitando que, de facto, se pueda desacoplar el precio del gas del de la electricidad.

Largo plazo

Para ello, Bruselas propone impulsar los contratos a largo plazo de suministro energético a través de dos fórmulas que existen actualmente pero apenas se usan.

En primer lugar, la propuesta introduce incentivos para facilitar la firma de contratos de compraventa (PPA, por sus siglas en inglés) entre actores del sector privado, en los que empresas industriales y compañías energéticas acuerdan el suministro durante un tiempo determinado a un precio previamente fijado.

En segundo lugar, introduce los llamados contratos por diferencia (CfD) bilaterales en todas las subastas estatales con generadores de electricidad con tecnologías renovables que previamente han realizado inversiones apoyadas con fondos públicos.

En este tipo de contratos, el Estado y las compañías energéticas acuerdan un precio determinado para garantizar a la firma una «fuente estable» de ingresos. Así, si el precio de mercado es inferior al acordado, las autoridades públicas pagan la diferencia a la energética; pero si es superior, es la compañía la que transfiere la diferencia a las arcas públicas.

Según el planteamiento del Ejecutivo comunitario, los Estados miembros estarán obligados a «canalizar el exceso de ingresos» que perciben cuando los precios son altos «directamente para rebajar las facturas eléctricas» de todos los consumidores.

Nuclear 

Se podrán beneficiar de este tipo de contratos las inversiones no solo en energía solar o eólica, sino también la tecnología nuclear, tanto en la ampliación de las centrales existentes como en la creación de nuevas plantas, recogiendo así la principal demanda del Estado francés, el mayor promotor de la fuente atómica dentro del bloque.

El Estado francés considera que la propuesta de la Comisión Europea para la reforma del mercado de la electricidad es «una muy buena base de discusión», en particular porque contempla contratos a largo plazo con precios prefijados que podrán garantizar las inversiones necesarias en la energía nuclear.

Fuentes oficiales francesas destacaron que el proyecto presentado este martes por la CE aporta «más visibilidad sobre el precio a largo plazo para las instalaciones descarbonizadas» entre las que se incluyen, además de las renovables, los reactores nucleares.

Eso ofrece «una señal» que «tiene mucho valor» para los inversores privados de energías renovables, pero también para el Estado francés, que está haciendo una apuesta muy fuerte por la energía nuclear como principal fuente de generación de electricidad.