El Ejecutivo de Lakua, según ha insistido el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, no tiene nada que manifestar sobre la gestión de Kutxabank y tampoco de quien ostenta el 57% de su capital social, la fundación bancaria BBK. Es la posición ante la interpelación del parlamentario de EH Bildu Iker Casanova sobre qué va a hacer el Gobierno para que ambas entidades garanticen en su actividad proyectos de interés público.

En su intervención en el pleno de control, Casanova ha recordado que Kutxabank, a pesar de ser un banco privado, tiene su origen en las antiguas cajas de ahorro y muestra de ello es que sus herederas, las fundaciones bancarias BBK, Kutxa y Vital, son sus propietarias. EH Bildu estima que tienen «legitimidad y necesidad» de realizar un seguimiento parlamentario de su labor y más, ha destacado, cuando en su modelo de gobernanza hay aspectos que consideran preocupantes.

El soberanista ha citado la multa impuesta por Kontsumobide al banco que preside Anton Arriola por no respetar los derechos de los clientes, la huelga de la plantilla por la situación que está padeciendo, la desinversión en compañías estratégicas como Euskaltel e Ibermatica, o el recurso presentado contra el impuesto a los beneficios extraordinarios. Su dirección anunció hace unas semanas un beneficio neto de 330,5 millones en 2022, un 52,7% más que en 2021.

A este respecto, Casanova ha apuntado a que de prosperar este recurso, las arcas públicas dejarán de ingresar 400 millones de euros. «Creemos que a Kutxabank se le puede y se le debe exigir un dividendo social. Creemos que a Kutxabank se le puede y se le debe exigir que preste servicios financieros para la ciudadanía en unos términos y en las modalidades distintas a la de un banco convencional; podríamos hablar de una especie de dividendo social que es tan importante como ese dividiendo y esa obra social», ha defendido.

El parlamentario de EH Bildu ha pedido al Ejecutivo que se pronuncie en torno a la gestión de Xabier Sagredo al frente de BBK Fundazioa, a quien ha definido con ironía como «el típico emprendedor vasco». «Es una persona que ha pasado de ser tesorero del Bizkai Buru Batzar a controlar, con puño de hierro, la Fundación BBK», citando controvertidos aspectos como el intento frustrado de crear una filial para invertir en empresas estratégicas y otras maniobras desveladas por NAIZ.

«Queremos hacer un llamamiento a BBK a funcionar con transparencia, integrando sensibilidades tal y como está concebido su patronato, abriendo la puerta a la participación, y dejando de concebirse a sí misma como un coto cerrado o poco menos que una propiedad de una persona o de un muy pequeño número de personas», ha añadido Iker Casanova.

Azpiazu ha hecho historia para acabar manifestando que al Gobierno no le corresponde pronunciarse sobre la gestión de Kutxabank, bajo el control del BCE y del Banco de España. Respecto a Sagredo, ha evitado pronunciarse, al estimar que «no es relevante».

Casanova ha insistido en la importancia de que el Ejecutivo se pronuncie sobre la actividad financiera y social del banco. Entiende que se debe «alzar la voz» ante el servicio que se ofrece a los clientes o la desinversión en empresas estratégicas para el país.

Gobernanza democrática

En cuanto a que Azpiazu huya de valorar la gestión de Sagredo, ha dicho que no le parece normal que «una persona haga y deshaga». «Dónde está la gobernanza democrática», se ha preguntado, al tiempo que ha sostenido la importancia de un «control democrático» de las fundaciones bancarias, bajo la supervisión del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, dependiente del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.

El consejero se ha negado a pronunciarse sobre las decisiones del banco, aunque ha añadido que no duda de que habrá sintonía en políticas financieras e industriales. «Es una entidad financiera vasca», que considera que es «un instrumento útil».

«Me consta que es voluntad tanto de Kutxabank como de las fundaciones bancarias compartir con el Gobierno Vasco un planteamiento estratégico para abordar los retos de este país y de su ciudadanía», ha indicado.

Azpiazu ha avanzado que este año presentarán el proyecto de ley del Instituto Vasco de Finanzas con el que se pretende «potenciar y reforzar el tejido productivo de nuestro país y mantener el arraigo de nuestras empresas».