El Gobierno español ha reivindicado y justificado el papel de los tres policías infiltrados en distintos movimientos sociales e independentistas de Barcelona y València destapados durante los últimos meses, explicando que su actuación respondía a «hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos», si bien ha negado que se tratara de «agentes encubiertos», sino de «agentes de inteligencia».

Así lo ha manifestado el Ejecutivo en respuesta al requerimiento presentado en el Congreso español por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien requiere respuesta a dos docenas de preguntas registradas el pasado 15 de febrero. A pesar de que las cuestiones del diputado soberanista abarcan varios temas de la infiltración, muchas de ellas han quedado sin responder.

En relación a las preguntas de Iñarritu, el Gobierno español se ha limitado a indicar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «actúan en todo momento desde el estricto cumplimiento de la ley, con la máxima profesionalidad y con plena sujeción a los valores constitucionales, como es propio de un Estado de Derecho», y que su cometido es el de «garantizar la seguridad con la finalidad de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos».

Sobre el papel de los policías infiltrados se señala que no se trata de la actividad de un «agente encubierto», sino de «agente de inteligencia», cuya misión sería la de «captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia».

«Por tanto, la actividad de obtención de información de los Agentes de Inteligencia señalados no se realiza sobre ideologías, ni movimientos sociales, sino que se trata de una actividad de inteligencia para la captación de información de interés para el orden y la seguridad pública», justifica el escrito del Ejecutivo.

Preguntas sin respuesta

El breve escrito de respuesta al que ha accedido NAIZ contrasta con los dos documentos registrados por Iñarritu, cada uno de ellos conformado por 12 preguntas que abarcan cuestiones como la legalidad de las infiltraciones, su justificación, la existencia de investigaciones internas o la razón de las «relaciones sexoafectivas» en el caso del policía de Barcelona.

De este modo, llama la atención que el Gobierno no aclare la cuestión de «quién dio la orden» de estas infiltraciones o qué supone «el hecho de que se hayan descubierto a tres agentes en unos meses», a pesar de que el diputado ofrece alternativas como la «falta de profesionalidad y pericia o que hay numerosos agentes infiltrados en el movimiento político y solo se ha detectado a una ínfima parte de ellos». Tampoco queda claro si existían órdenes judiciales que autorizaran las infiltraciones o si los agentes contaban con la «cobertura legal necesaria» para infiltrarse.

Otra pregunta que queda sin responder es si el Gobierno «estima continuar permitiendo la infiltración de agentes policiales en asociaciones ciudadanas, sindicales y políticas», haciendo especial hincapié en que se trata de «investigaciones prospectivas en movimientos de izquierda e independentista».

El texto del Ejecutivo no aporta más información sobre estas y otras cuestiones, justificando que «todos los datos de los casos están recogidos en los respectivos expedientes, declarados como ‘secreto’», amparados por la Ley de Secretos Oficiales.

Policías infiltrados en los Països Catalans

En los últimos meses se han destapado las infiltraciones de tres policías en movimientos sociales e independentistas de Barcelona y València, todos ellos descubiertos por el semanario ‘La Directa’. El primero de ellos, bajo el nombre falso de Marc Hernàndez Pon, participó durante dos años en movimientos de la izquierda independentista de la Universitat de Barcelona (UB) y de defensa del derecho a una vivienda.

El segundo «topo» policial descubierto, conocido como Daniel Hernàndez Pons –apellidos prácticamente idénticos al anterior–, fue acusado en enero de este año de conseguir información a través de «relaciones sexoafectivas» con al menos cinco activistas de las organizaciones sociales del barrio barcelonés de Sant Andreu en las que se había infiltrado. Una vez finalizada su misión, este agente fue «premiado» por el propio Gobierno español con el traslado a una embajada.

Solo unas semanas más tarde, ‘La Directa’ volvía a dar cuenta de un agente de la Policía española había permanecido infiltrados en movimientos antifascistas y populares de València bajo la identidad de Ramón Martínez Hernàndez.

Este tipo de infiltraciones han sido constantes en Euskal Herria, tanto en el marco de la guerra del Estado contra ETA como afectando a otros organismos, como reflejó este reportaje de Iñaki Egaña en NAIZ.