«Mi opinión es autocrítica. Les teníamos que haber dado el informe en persona». Con estas palabras ha reconocido el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, la ocultación a las familias de los cuatro muertos por balas policiales en la bahía de Pasaia del informe oficial que Lakua tenía en sus manos desde marzo de 2020.

El estudio firmado por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UPV/EHU no ha sido conocido por ellas hasta hace un mes, y de él dio cuenta NAIZ la pasada semana; acredita que se trató de una emboscada en toda regla, aunque oficialmente fuera presentada como un enfrentamiento entre los miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas y la Policía española.

La autocrítica expresada en la sesión de control ha sido muy matizable por tres razones. En primer lugar, Urkullu no ha aportado ninguna explicación sobre por qué no se dio publicidad al informe. Al respecto, ha dejado caer que pudo tener que ver con el confinamiento (el informe le fue entregado por la Cátedra de la UPV/EHU justo en marzo de 2002) o con el cambio de gobierno (la Secretaría de Derechos Humanos que lideraba Jonan Fernández fue relevada en octubre de ese año y fue justo un mes antes cuando Lakua afirma que hizo una distribución a algunos agentes del informe, sin presentación pública).

En segundo lugar, Iñigo Urkullu ha alegado que sí hubo una cierta difusión del trabajo, aunque en círculos reducidos (grupos parlamentarios, ciertos medios...) y dentro de una compilación de informes que ocupaba varios tomos (este tiene 28 páginas).

Yendo al fondo de la cuestión, por último, el mandatario de Lakua ha tratado de sostener que «ni se ocultó el informe ni se ha denegado ayuda» para esclarecer el caso. Para ello ha argumentado que el Gobierno encargó y publicó esta investigación extrajudicial. Y que además ha impulsado la ley de reconocimiento y reparación, «que por cierto su grupo no apoyó», ha espetado al autor de la interpelación en este pleno de control, Julen Arzuaga, de EH Bildu.

Arzuaga le ha replicado que EH Bildu efectivamente no votó a favor pero fue porque «pedía más, y algunos técnicos también lo están pidiendo». Ha citado aquí al propio Jon Mirena Landa, director del informe sobre Pasaia desde la Cátedra Unesco y que acaba de publicar un libro, ‘Víctimas invisibles’, en el que remarca la discriminación que sigue existiendo sobre quienes han padecido la violencia estatal.

No está en Google

El debate ha venido precedido el jueves de una reunión entre el departamento correspondiente de Lakua y una representación de las familias, en la que se les trasladó lo expuesto este viernes por Urkullu en el Pleno. Arzuaga ha considerado que los afectados, que se declaran muy dolidos por el trato recibido, las habrán tomado en consideración, pero ha añadido que «también la sociedad tiene derecho a conocer». Y la realidad, ha apuntado, es que tecleando en Google se pueden encontrar los informes de Lakua sobre la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe «Pertur», José Miguel Etxeberria «Naparra» o los tres jóvenes gallegos desaparecidos en Lapurdi en 1973, pero no aparece el relativo a la masacre de Pasaia (1984).

En su interpelación, Arzuaga ha reprochado a Urkullu que mientras seguía vigente la versión oficial de Julen Elgorriaga y Enrique Rodríguez Galindo sobre un inexistente enfrentamiento («estaban bien muertos»), el Gobierno de Lakua «tenía el informe en un cajón». Ha criticado la falta de «empatía». Y ha añadido que las madres y padres de Rafael Delas, Jose Mari Izura, Dioni Aizpuru y Pedro Mari Isart «se han ido yendo estos últimos años» sin tener ninguna admisión oficial de los hechos. «Sabían la verdad de lo que había ocurrido allí, pero se fueron sin sentirse reconocidos y reparados».

Las familias reclaman «compromisos»

Tras la reunión del jueves, las familias han hecho público un mensaje en el que recuerdan primero los cuatro años transcurridos desde que se les prometió un informe oficial e incluso un reconocimiento en breve, lo que se ha convertido luego en tres años de ocultación y un proceso de admisión y reparación legal que aún sigue su curso sin visos de conclusión. Como dato concreto que desmonta los argumentos de Urkullu, han recordado que en el mismo periodo de pandemia otros casos similares como el de «Naparra» sí fueron tratados directamente con la familia, pero no ha ocurrido en este. Pello Aizpuru ha subrayado el «daño» producido y que este es «irreversible».

No obstante, apuntan que quieren creer que efectivamente se ha tratado de un error «sin mala fe», y que en consecuencia están dispuestos a colaborar con las instituciones en lo sucesivo, pero siempre que constaten que existen «compromisos».

«Este no es un caso aislado –ha añadido en este punto–. No es solo un caso de cuatro familias, es un caso de la sociedad vasca, es el reflejo de una situación, de lo que produjo la represión estatal en Euskal Herria. Hay que llevarlo al espacio internacional para que sepan cómo actuó el Estado español en Euskal Herria, y nosotros no podemos hacer eso solos».