Las administraciones navarras no cubren las necesidades de las personas sin techo a pesar de ser un derecho. Esta es la contundente denuncia que han hecho varios colectivos sociales ante los medios de comunicación.

Esta reclamación ha sido verbalizada por las portavoces Beatriz Villahizán y Jone Arnedo en nombre de París 365, Punto de Información para personas Migradas/Migratuendako Informazio Gunea, Lantxotegi, Apoyo Mutuo, Haziak, Oxfam Intermon y SOS Racismo Nafarroa.

Han comenzado señalando que desde que el 1 de abril el albergue Jesús y María de Iruñea dejó de estar operativo, se han quedado sin una mínima cobertura entre 50 y 100 personas, a parte de las cuales «no se había garantizado el empadronamiento ni acceso a la Unidad de Barrio o a prestaciones sociales, ayudas, ni, por supuesto, vivienda a pesar de llevar meses residiendo en la ciudad».

Sin embargo, «la cobertura de las necesidades más básicas» de las personas sin techo presentes en Nafarroa está recogida en la Cartera de Derechos Sociales del Gobierno navarro. Un servicio cuyo funcionamiento estos colectivos consideran que «ha de ser continuado, todos los días del año».

Reclamación del Defensor del Pueblo

Para denunciar lo que estaba ocurriendo, elevaron su queja hasta el Defensor del Pueblo de Nafarroa, quien resolvió el pasado 14 de marzo recomendar al Departamento de Derechos Sociales del Ejecutivo y al Ayuntamiento de Iruñea que «en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptasen medidas para hacer valer de forma real y efectiva el carácter garantizado del servicio para personas sin hogar, con una dotación de recursos y plazas suficientes en Navarra y en Pamplona, de tal modo que el mismo se preste con continuidad y pueda ser recibido con independencia de la condición de residente o empadronado del interesado».

Pero una cosa es lo que dice el papel y otra bien distinta la realidad cotidiana, como han señalado Villahizán y Arnedo, de tal manera que se sigue empleando «una normativa obsoleta que no da respuesta a las necesidades actuales». Esta situación tiene como consecuencia «la expulsión del sistema de protección social, que no aumenta o mejora recursos, sino que clasifica, discrimina y excluye, y, sobre todo, sigue criminalizando a las personas y culpabilizándolas de su situación».

Todo esto genera una situación de exclusión que tiene «consecuencias devastadoras». En este sentido, han recordado que el pasado 17 de abril fue hallada muerta una persona de 44 años en el interior del túnel del Plazaola, «lugar en el que pernoctaba habitualmente». Aunque «desconocemos las causas de su muerte», estos colectivos consideran que «si hubiera estado bajo techo, quizá se le podría haber socorrido y salvado la vida».

Por todo ello, han denunciado «la insuficiente respuesta por parte de las administraciones para reparar la situación en la que se encuentran las personas sin acceso a vivienda», a pesar de que han tenido «margen de respuesta y maniobra suficiente».

En este sentido, instan a que las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo sean aceptadas y puestas en marcha «de manera inmediata».

Y mientras, van a trasladar estas reclamaciones a la calle, ya que estos colectivos estarán presentes en la manifestación que tendrá lugar el próximo 13 de mayo para defender «el derecho a una vivienda digna».