Aitor Esteban soltó la bomba nada más aprobarse la Ley de Vivienda en el Congreso este jueves; el Gobierno de Lakua podría recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Tiene efecto retardado, porque de momento el aviso va en condicional y sin plazos. Pero lo más relevante es que desata efecto bumerán ya desde la propia formulación de la posibilidad.

Y es que esta huida hacia adelante, aparentemente contra el rival político, le enfrenta en realidad a socios e incluso a propios. Mientras le alinea con Vox, que está aprovechando sus 52 diputados para llevar sistemáticamente al TC todas las leyes del Gobierno Sánchez, y con el PP, que también recorrerá ese camino (Isabel Díaz Ayuso ya se ha ofrecido a impugnarlo desde Madrid si no hay un recurso global del partido).

Para empezar por lo más evidente, resulta muy elocuente que Esteban hablara en nombre de un Gobierno Urkullu del que el PNV es solo uno de los componentes. Y en el que la cartera de Vivienda, hasta dentro de un año y salvo crisis de gobierno, está en manos de un representante del PSE. Nada más conocerse el acuerdo entre el Gobierno español, ERC y EH Bildu que ha llevado adelante esta norma, Iñaki Arriola la saludó en una declaración difundida, cómo no, por el Gobierno de Lakua.

Fue en estos términos: «Es un paso importante que permite avanzar en el derecho a la vivienda de la ciudadanía», «se alinea con la Ley de Vivienda que tenemos en Euskadi desde 2015» y «nos habilita para tomar decisiones como la declaración de zonas tensionadas y la limitación del precio de los alquileres». La antítesis de la valoración jelkide.

Así que no solo lo ven así sus socios, sino también referencias juristas muy escuchadas en Sabin Etxea como el catedrático Juanjo Alvarez. Interpelado esta semana en Radio Euskadi sobre si efectivamente existe una invasión competencial, como alega el PNV, Alvarez consideró que no, dado que el acuerdo estatal solo concede la posibilidad de establecer estas medidas. Y que realmente solo la habría «si fuera más lejos, si el agua llegara más allá de la orilla y se entrara a restringir nuestra capacidad de maniobra».

Pues parece que Juanjo Álvarez no tiene claro la invasión competencial de la ley de vivienda y si cree que en Euskadi, con la ley existente se podría haber hecho más (¿que dirá el PNV que es quién ha hecho "poco"?) https://t.co/BpRDQx45Qa

— Ibon Rodríguez (@Ibonrodriguez) April 24, 2023

Pero quizás donde más daño práctico haga este amago de revuelta vaya a ser en terreno propio. Y sobre todo en la ciudad vasca en que este momento la cuestión de la vivienda es más alarmante: Donostia.

El candidato jelkide a la reelección, Eneko Goia, ha utilizado como principal señuelo de precampaña el anuncio de la suspensión de nuevas licencias de apertura de hoteles y pisos turísticos, en un contexto en que el precio del alquiler ha crecido un 50% desde que él es alcalde. Pero ahora llega Sabin Etxea a tratar de impedir una ley estatal que pone topes del 3% a la subida de estos precios. Se podría incluso hacer un cálculo material de cuánto costaría la vivienda en Donostia si esta norma hubiera puesto coto a desmanes hace ocho años.

En cuanto a los afectados, Stop Desahucios dejó claro su respaldo a esta Ley de Vivienda, y lo hizo también con referencia expresa a Donostia. Tras el acuerdo entre Gobierno, ERC y EH Bildu, pidió a todos los diputados vascos que votaran sí, y apeló además a Lakua para que utilizara la potencialidad de esta puerta abierta desde Madrid.

Entre otras cosas, destacó que con lo ya aprobado en el Congreso se podrá llevar a cabo «la regulación de los desorbitados precios del alquiler. Actualmente, en las numerosas zonas tensionadas del territorio vasco, y especialmente en Donostia, los precios del alquiler medios oscilan entre los 800 y los 1.000 euros, cuando el SMI o la RGI están en torno a estas cifras, y son la causa del 70% de las demandas de desahucios en la CAV», recordó.

Dicho todo esto, ¿por qué el PNV se ha tomado tan a la tremenda esta norma que es buena para prácticamente todo el resto? La primera explicación que aflora es la del ataque de celos frente a EH Bildu, que ha sacado adelante este acuerdo junto a ERC frente al llamado «socio preferente» jelkide.

En esta tesis encajan algunas afirmaciones gruesas como la del propio Esteban el jueves, cuando llegó a decir que «a alguno ya le viene grande el adjetivo ‘abertzale’», por el sí de EH Bildu a la ley.

Pero la explicación ya se queda corta toda vez que el PNV ha pasado del mero no político, con el que quedaba muy claro su desmarque, a la opción de un recurso ante el Constitucional que podría tumbar la norma. Y tampoco cuadra con el ‘tempus’ preelectoral, en el que sin duda es más popular defender el acceso a la vivienda que el autogobierno.

Así que es muy probable que esta vuelca de tuerca justificada en cuestiones competenciales sea realmente lo que parece: una defensa de los grandes propietarios. A ello apuntó sin disimulo este pasado fin de semana Eneko Andueza, líder del PSE: «Al PNV le escuece la Ley de Vivienda porque evita la especulación». Andueza recordó que el grupo jelkide también se opuso, por ejemplo, a los impuestos a los beneficios de las energéticas. Conviene repasar los beneficios de Iberdrola conocidos esta semana para desmontar aquellos mensajes sobre las afecciones que podría traer la tasa.

Aunque sea impopular, y aunque suene a rabieta, a la declaración de Esteban no puede negársele coherencia. Esto tendrá que admitirlo hasta el propio Goia, porque el parón anunciado para este próximo año es una minucia comparada con los ocho años anteriores en que se han concedido 50 licencias hoteleras. Los llamados «grandes tenedores» estaban contentos con el PNV y lo estarán aún más tras el anuncio de este posible recurso.

Una maniobra que, aunque el portavoz jeltzale se rodeara de dos interlocutores catalanes en su comparecencia, no equiparará al Gobierno de Lakua con el catalán precisamente, puesto que este está en manos de ERC y se alinea con la norma estatal. Le igualará en su caso con el madrileño de Díaz Ayuso. Y dejará la decisión final en manos del máximo tribunal español, lo que suena a curioso modo de defender el autogobierno vasco.