Politólogo, Gerson Iván Arias acumula veinte años de experiencia en procesos de paz en Colombia. Como director temático de la Oficina del Alto Comisi­onado para la Paz participó en las conversaciones entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos desde su fase exploratoria hasta el proceso de dejación de armas y reincorporación de los exguerrilleros. También integró la Comisión de la Verdad surgida de los acuerdos de paz de La Habana y participó en nombre del Ejecutivo en los diálogos con el ELN.

Actualmente es investigador asociado del Instituto de Paz de EEUU y de la Fundación Ideas para la Paz.

Invitado por el Foro Social, visitó Euskal Herria para exponer «los imaginarios y realidades de la reconciliación tras un acuerdo de paz y la continuidad de la violencia».

En entrevista a GARA/NAIZ, subraya que «un acuerdo escrito es insuficiente; necesitamos mucha participación y que la gente entienda por qué es tan importante acoger a estos excombatientes, sus ideas, respetarlas y garantizar que no los maten».

Por primera vez en 200 años, Colombia tiene un Gobierno de izquierdas, cuya bandera es la Paz Total. ¿Cómo se inserta en este contexto el proceso de diálogo con el ELN?

Es un nuevo proceso en cuanto que hay una agenda nueva, un nuevo contexto y otros actores. Es una gran oportunidad, que también nos presenta una serie de retos. El primero es cómo sintonizar el proceso con el ELN, que es un actor político militar, con otros grupos en el contexto de la Paz Total de [Gustavo] Petro.

En segundo lugar, está el acuerdo de México, que establece una nueva agenda para los diálogos y que se acuerda con el primer Gobierno de izquierda de Colombia.

Esto es muy importante, pero al mismo tiempo implica el reto del nivel de coincidencia entre el actor armado y las ideas del nuevo Gobierno. Cuando uno se sienta con una organización armada, lo primero que quiere es reivindicar su historia y trayectoria y mostrarse diferente al Gobierno.

En el lado de la guerrilla hay muchos temores sobre los incumplimientos y, por tanto, pese a ese nivel de coincidencia, tenemos el reto de cómo hacer creíble que el otro– un Gobierno de izquierdas– puede cumplir lo acordado.

Otro de los retos es cómo lograr que el grueso de la población entienda que el ELN es un grupo distinto a las FARC, que ha habido incumplimientos con esta última guerrilla y que, por tanto, el ELN lo menos que quiere es parecerse a eso por su historia y trayectoria.

Ninguno de los diez procesos de paz que se han firmado en Colombia es parecido a este por el contexto, por el actor y porque hay muchas dudas de que el Estado pueda cumplir. Tenemos que reimaginarnos todo lo que sabemos.

Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado para la Paz y negociador plenipotenciario en La Habana, ha sido muy crítico con la agenda acordada en México entre el ELN y el Ejecutivo. Ha dicho, incluso, que «deja al ELN en el paraíso». Usted que vivió desde dentro el proceso con las FARC, ¿cómo valora esta nueva agenda?

Mi mensaje sería que le demos una oportunidad al acuerdo de México, pero debemos tener presente que esta nueva estructura implica grandes retos que nos colocan ante el desafío de si es posible o no hacerlo en estos tres años de gobierno. El País Vasco e Irlanda del Norte son un buen ejemplo para que repensemos lo que implica esa agenda.

Habla de Euskal Herria e Irlanda. ¿Qué enseñanzas puede extraer Colombia ?

Hay muchas cosas en las cuales se puede inspirar. Yo menciono tres. Una es la capacidad de plantearse cuál es el punto de llegada. Y el punto de llegada en un proceso es cómo transformar los medios bajo los cuales se procesan esos conflictos. Acá hay dos buenos ejemplos para decir que es posible que las armas se dejen de usar mediante un acuerdo, que no puede ser similar en todos lados, y que ese actor pueda transformarse en otro.

Cuando estábamos en el proceso con las FARC, se produjo el anuncio de ETA, que fue muy importante. Fue algo que le dijo a las FARC y a las guerrillas colombianas que el momento de las armas ya no es. Eso es posible si se plantea un punto de llegada.

«Para llegar a la reconciliación antes tenemos que hablar de convivencia»

Lo segundo es cómo tener un método específico, y ese método implica que haya una agenda. Necesitamos mucho apoyo internacional.

Con esta nueva agenda y sin posibilidad de reelección del presidente, sería muy oportuno pensar otras formas de participación de actores internacionales, como la mediación, sobre todo, cuando no hay certeza sobre cuál es el punto de llegada en la discusión sobre las armas.

Las experiencias del País Vasco e Irlanda del Norte nos demuestran que necesitamos la participación internacional, pero que conforme a nuestra historia previa tiene que ser distinta.

Tercero, nos colocan ante el gran reto de cómo ir ambientando en la sociedad está transformación de actor armado a político. No se puede quedar en un texto firmado.

Es muy importante que comprendamos que un acuerdo escrito es insuficiente; necesitamos mucha participación y que la gente entienda por qué es tan importante acoger a estos excombatientes, sus ideas, respetarlas y garantizar que no los maten. No es solo un acuerdo escrito, sino cómo vamos transformando ciertos imaginarios en la sociedad.

En esa deconstrucción de imaginarios, ¿cómo se reconcilia un país que lleva más de cinco décadas de conflicto?

Si no hay un Estado que trabaje en función de mejorar las condiciones de dignidad de las personas, va a ser muy difícil decirle a un ciudadano que piense en reconciliación porque no tiene resueltas sus necesidades básicas.

Además, para llegar a la reconciliación antes tenemos que hablar de convivencia y ¿eso qué es? Que nos podamos sentar con el otro, que no utilicemos ningún medio relacionado con las fuerza ni con las armas.

Eso requiere que todos los sectores, tanto las izquierdas como las derechas, sientan útil sentarse con el otro sin que eso implique estar de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre unos mínimos: no más armas y política, por ejemplo. No justifiquemos más la persecución por pensar distinto.

«Ninguno de los diez procesos de paz que se han firmado es parecido a este por el contexto, por el actor y porque hay muchas dudas de que el Estado pueda cumplir»

Es importante que haya una política de Estado, aunque no es suficiente. Los funcionarios del Estado deben comprender su importancia. Si node nada sirve tener una entidad pública que promueva la reconciliación.

Tenemos dos grandes retos para que eso impacte. Por un lado, el compromiso de los medios para demostrar que la reconciliación es posible. Por otro, se debe  hablar más de esto que de otro tipo de cosas.

Indudablemente siguen las violaciones de derechos humanos, pero hay que darle cada vez más espacio, tiempo e importancia a hablar de reconciliación.

¿Qué han aportado los espacios de escucha, de asunción de responsabilidades… abiertos en el marco de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz?

Estos procesos de reconocimiento y de solicitud de perdón han tenido un impacto grandísimo. La mejor forma de hablar de convivencia es con el ejemplo concreto. Cuando se ve esa solicitud de perdón o la aceptación de perdón por parte de las víctimas, hay una transformación de vidas y de imaginarios.

En términos de reparación, lo que querían muchos era que se limpiara el nombre de su allegado: ‘Mi papá, mi hermano… no era guerrillero y necesito que usted, que ayudó a hacer esa masacre, me diga eso y que quede registrado’.

Hablamos de desaparición, masacres, asesinatos… y nos olvidamos de cómo ese hecho cambió la vida de los familiares. Estos procesos ayudan a fijarnos en lo que ocurrió para decir ‘esto no debe volver a pasar’ y a darnos cuenta de lo que generan. Y contribuyen a reducir el negacionismo. Con estos procesos, gente que nunca había querido mirar más allá, lo primero que dice es ‘esto pasó’.

¿Tuvo la fuerza pública volunta de colaborar con la Comisión de la Verdad?

Con mucha humildad y cuidado diría que la participación de la fuerza pública fue inédita porque, en primer lugar, ellos mismos decidieron participar y no negaron la existencia de la Comisión de la Verdad.

Para que las fuerzas militares participen en una comisión hay que pensar en lógica de proceso y tener en cuenta que hay temores y cosas que no quieren reconocer, y que, por tanto, eso no sucede en un espacio o en un evento, sino que hay que hacer un trabajo como el que hicimos nosotros durante tres años.

Entendimos que había que hacer un diálogo integral y que para hablar de los temas difíciles, hay que recorrer un camino. Veíamos a un soldado que no tenía una pierna y empezamos a escucharlo.

«Para que las fuerzas militares participen en una comisión hay que pensar en lógica de proceso y tener en cuenta que hay temores»

Progresivamente nos fuimos moviendo hacia temas difíciles como la convivencia entre militares y el paramilitarismo; o la participación de integrantes de fuerzas militares en ejecuciones extrajudiciales.

El camino implica tener un proceso, garantizar que haya incentivos para hablar. Tuvimos también experiencias difíciles que incluso en 2020 nos llevaron a ir a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que el Estado se comprometiera a entregarnos información.

Esas resistencias se vieron marcadas por un Gobierno –el de Iván Duque– que no quería la comisión y que colocó muchas trabas a nuestro trabajo. Eso se vio reflejado en nuestro trabajo con la fuerza pública.

El presidente Iván Duque no asistió al evento de presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Su ausencia es un buen ejemplo de cómo nos tocó vivir esos cuatro años. Hubo disposición de las fuerzas militares, pero estuvo bastante limitada porque su jefe supremo –Duque– no se lo permitía. Había rechazo, negacionismo y nula importancia a que una sociedad discuta lo que ocurrió.

Del uribismo al primer Gobierno de izquierdas de Colombia, con un exguerrillero al frente de la Presidencia.

Por primera vez en la historia, Colombia tiene un Gobierno de izquierda y hay que darle una oportunidad. Es algo que nunca hemos vivido. Es un avance significativo en el camino de construcción de la democracia en el país.