La propuesta transpartidista la firman cuatro electos. Se trata de Julien Bayou, diputado por París adscrito al grupo ecologista, y de Christophe Plassard, diputado de Charente-Maritime por Horizons (formación adscrita a la mayoría presidencial), a los que hay que sumar dos electos del departamento de Pirineos Atlánticos en que se integra Ipar Euskal Herria.

Uno de ellos es el senador de Biarritz, Max Brisson, miembro del partido conservador Les Républicains (LR), y el otro, el socialista Iñaki Echaniz, electo de la «circunscripción vasco-bearnesa», que incluye a localidades de Zuberoa y Nafarroa Beherea.

Precisamente este último será el encargado de defender, el próximo 12 de junio, en la Asanblea Nacional francesa, una proposición de ley que preconiza regular el alquiler turístico de corta duración en las zonas de fuerte tensión inmobiliaria.

La plataforma traspartidista solicita expresamente que se acabe con el nicho fiscal del que de benefician los alquileres turísticos de corta duración.

«Se trata de suprimir las deducciones fiscales y de alinear la fiscalidad de los alquileres de pisos turísticos con los de los pisos sin amueblar» explican en un comunicado en el que llaman a acabar con una «injusticia fiscal» que solo favorece a los alquileres que se ofertan vía plataformas.

«El alquiler de larga duración debe tener un mayor atractivo fiscal en las zonas en que se hace más necesaria esta oferta sin que ello implique perjudicar a otros tipos de alquileres que sí dejan beneficios en el territorio, caso de las casas rurales o de los alojamientos en estaciones de esquí», detallan los proponentes.

«Una reforma de la fiscalidad sobre las residencias secundarias a fin de favorecer la aparición en el mercado de ofertas de alquiler de larga duración y de luchar contra la especulación inmobiliaria». Esa es, textualmente, la principal propuesta que firman estos cuatro electos.

Evitar prácticas fraudulentas

En otro capítulo solicitan que se impida el alquiler, mediante plataformas turísticas, de bienes que no cumplan las condiciones de aislamiento térmico de las viviendas que marca la ley.

Un nuevo reglamento obliga a los arrendadores a acometer las obras precisas para evitar que los inquilinos deban pagar facturas exhorbitantes al no reunir la vivienda condiciones básicas.

Sin embargo, mientras en los alquileres ordinarios se exige presentar la calificación que atesora el nivel de consumo y de emisiones de CO2, algunos dueños de viviendas eluden sus obligaciones y siguen alquilando vienes que no cumplen la normativa, vía internet.

Los electos solicitan restricciones mayores en cuanto al tiempo en que se pueda alquilar una residencia principal, haciendo pasar de 120 a 90 pernoctaciones anuales el límite que certifica que se está ante una actividad lucrativa propia de un alquiler turístico.

Cabe recordar que la Mancomunidad Vasca se ha dotado de un reglamento particularmente exigente en materia de alquiler turístico.

De ahí que, mirando al Legislativo galo, los electos que firman la propuesta reivindiquen «una mayor autonomía de las colectividades locales al ser las que pueden guardar mejor los equilibrios necesarios entre políticas de turismo y de vivienda» y que refuercen su demanda con la solicitud de que se libere a esas instituciones de «la dificultad añadida que implica probar el uso como vivienda de todos los inmuebles construidos en una misma fecha durante el control».

Distintos organismos ciudadanos han ofrecido reiteradas pruebas de que ciertos arrendadores no ahorran en imaginación a la hora de sortear las normas y los escasos controles en materia de alquiler de vivienda.

Así, Alda organizó, en septiembre de 2022, una «exposición» ante el Museo Vasco de Baiona en la que se recogían algunos de los casos más llamativos de vulneración de las ordenanzas que rigen el alquiler con las que se ha encontrado este colectivo creado hace dos años.

Los cuatro firmantes del llamamiento hacen así suya la denuncia y abogan por «reforzar la lucha contra prácticas fraudulentas para favorecer, de esta forma, el aumento de alquileres estables en zonas tensionadas».

En el caso de Ipar Euskal Herria son 24 las localidades que la Mancomunidad Vasca engloba en la zona de tensión inmobiliaria, todas ellas en Lapurdi.

Los contratos de alquiler ilegales o las falsas declaraciones sobre el tipo y uso de la vivienda forman parte, señalan los electos, del contexto de la crisis de la vivienda.

«Este conjunto de medidas debería permitir que sea posible, por ejemplo, alquilar un número limitado de días una vivienda, para redondear los ingresos mensuales, sin hacer una competencia desleal al sector de la hotelería y, más globalmente, sin agravar las dificultades para encontrar una vivienda», consideran los firmantes, para añadir que, bien al contrario, esa reglamentación más justa solo tendrá como perdedores a «quienes transforman apartamentos cuando no bloques completos, en alquileres turísticos de corta duración, especulando con la falta de bienes y alimentando la penuria habitacional de los residentes locales».

Mensaje a electos de zonas afectadas

El llamamiento busca el respaldo de electos, por encima de demarcaciones ideológicas y territoriales, aunque apela de manera particular a los alcaldes y departamentos especialmente afectados por la problemática de los alquileres turísticos de corta duración.

Los firmantes se comprometen a trasladar a su actividad parlamentaria ese compromiso con la adopción de las medidas precisas para «facilitar el acceso de todas y todos a la vivienda».

El Parlamento francés analiza actualmente una propuesta gubernamental en materia de reglamentación de uso de la vivienda a la que la oposición plantea reservas al entender que no busca atajar las prácticas especulativas que tensionan el mercado inmobiliario.

Los cuatro parlamentarios que han han hecho público el llamamiento traspartidista han activado ya la recogida de apoyos se ha puesto ya en marcha a través de la plataforma encadronslesmeublesturistiques.fr.