Los sindicatos CCOO, LAB, UGT, ESK, CGT y CNT se han concentrado ante el Palacio de Justicia de Barakaldo coincidiendo con la declaración este miércoles de diez trabajadores del Metal de Bizkaia a quienes la Ertzaintza denunció por participar en las movilizaciones y piquetes en las once jornadas de huelga convocadas en defensa de un convenio justo. Han informado que se han abierto 22 procesos judiciales en el marco de esta causa.

Las centrales han denunciado que todas las acusaciones «están basadas en montajes realizados por la Ertzaintza que, durante el conflicto del Metal, se ha dedicado a amenazar y apalear a personas trabajadoras y a representantes sindicales». Han apuntado a que ocho personas tuvieron que pasar por el hospital tras actuaciones policiales.

Han acusado a la Policía autonómica de intervenir «al servicio y por orden de la patronal» para frenar la huelga. Sostienen que detrás de lo sucedido hay «una decisión política», que parte del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y alcanza al lehendakari. Les han instado a que retiren las denuncias y las sanciones económicas. En una comparecencia en el Parlamento de Gasteiz, Erkoreka llegó a decir que las cargas policiales eran «contadísimas».

«No es delito»

«Defender los derechos de los y las trabajadoras, nuestros derechos, nunca será delito. Por ello decimos alto y claro que las denuncias, las multas y la represión no pararán a los y las trabajadoras que decidan luchar por unas condiciones laborales y de vida dignas. La lucha sindical no es delito», han manifestado.

«Los días en los que miles de trabajadores y trabajadoras del Metal secundaban las huelgas y participaban en las movilizaciones de manera pacífica, las detenciones, identificaciones y los golpes fueron la estrategia del Gobierno Vasco para enmascarar el éxito rotundo de la lucha del metal de Bizkaia», han insistido los representantes sindicales.

A pesar de que el conflicto laboral finalizó el 3 de febrero con la firma de un acuerdo, han advertido de que «el papel represivo y vengador» del Ejecutivo de Lakua y la Ertzaintza ha continuado, citando que han seguido recibiendo denuncias y sanciones económicas. De los 22 procesos judiciales que se han abierto, según los datos aportados, 7 se han archivado, 3 están a la espera de juicio y 12 están abiertos.

Las acusaciones van desde desórdenes públicos, coacciones y resistencia hasta atentando contra la autoridad. Además, se han recibido más de 15 sanciones económicas que van desde los 91 euros hasta los 1.200. Han comentado que saben que no van a ser las últimas: «Tenemos la experiencia de las huelgas de 2019, donde 17 personas tuvieron que pasar por los juzgados (algunas incluso con peticiones de cárcel) y donde las sanciones económicas fueron numerosas».