El servicio jurídico que la Diputación de Gipuzkoa presta a personas en riesgo de perder su vivienda habitual ha constatado distintas prácticas «abusivas» en las ejecuciones hipotecarias y desahucios por parte de diferentes entidades bancarias en este territorio. A pesar de que «prácticamente todas» ellas se han acogido al código de buenas prácticas que les obliga a proporcionar distintos «beneficios» bancarios a personas en riesgo de desahucio que cumplan unos requisitos determinados, «en la práctica no es así».

«Muy rara vez una entidad informa de sus derechos al deudor», desvela este servicio en las conclusiones de su memoria 2015-2023, elaborada por la letrada Yolanda de Pablo. A través de este servicio, que ha intervenido en 105 casos en los ocho últimos años en Gipuzkoa, la Diputación ofrece ayuda y asesoramiento de manera personalizada a las personas en riesgo de desahucio.

Según revela el citado informe, aunque finalmente los afectados logren beneficiarse del código de buenas prácticas bancarias, sus pretendidos beneficios «rara vez se muestran eficaces para ofrecer una alternativa que permita conservar la vivienda al deudor». «La carencia de intereses –explica– tan solo se muestra como una medida que permite solventar la situación de forma transitoria, pero cuando acaba el período de carencia la cuota es mayor que la que existía antes de empezarla».

Detalla además que «las quitas de la cantidad debida rara vez se aceptan por parte de las entidades», mientras que el alargamiento del préstamo «se muestra inviable» en cuanto que la media de duración de los créditos es ya de 30 o 35 años. «La única medida que parece útil para los casos en los que la deuda es mayor al actual valor de la vivienda es la dación en pago con carácter liberador cuando el afectado reúne los requisitos como deudor hipotecario sin recursos», constata el documento.

Tasación actual

«Sin embargo, las entidades rara vez la aceptan y, a menudo, lejos de informar de este derecho al deudor según obligación que establece la normativa, lo que hacen es realizar una tasación actual del inmueble para reducir la deuda», revela el escrito. «Es decir, se hace una dación al banco para saldar parte de la deuda y el deudor se queda sin casa y con deuda, exactamente igual que si hubiera soportado una ejecución hipotecaria», aclara.

Esta práctica resulta «absolutamente ilegal y abusiva por parte de las entidades», denuncia la memoria, que detecta también «diferentes niveles en cuanto al cumplimiento» de la normativa de deudores sin recursos por parte de las entidades bancarias, algunas de las cuales «incumplen de manera flagrante la obligación de informar» a los afectados «de sus derechos», no aplicándola «totalmente».

Cesión de créditos a fondos de inversión

El informe ha detectado también que algunas entidades financieras están cediendo créditos «a fondos de inversión internacionales que declaran no acogerse al código de buenas practicas ya que no lo han suscrito». Paradójicamente, esta forma de actuar resulta, según el informe, «contraria» al código de buenas prácticas que las propias entidades suscribieron. Unas situaciones ante las que la letrada Yolanda de Pablo anuncia que interpondrá «demandas solidarias» contra las entidades y los fondos de inversión involucrados en este tipo de actuaciones.

El informe constata también otro tipo de «prácticas abusivas» por parte de las entidades, como el «cierre de cuentas en caso de impago de cuotas», lo que «priva al deudor de recuperar su crédito en caso de que haya venido a mejor fortuna».

Poca voluntad

Otra situación que, como revela la memoria, «muestra la poca voluntad de muchas entidades» por llegar a acuerdos que permitan la recuperación del crédito es el hecho de que en algunos casos en los que el deudor ha vuelto a tener empleo o ha visto aumentados sus ingresos, los bancos «se niegan a refinanciar las cuotas pendientes».

La memoria detecta asimismo la existencia de un problema a la hora de identificar un «interlocutor válido» cuando el servicio foral intenta negociar con algunas entidades, ya que en ocasiones los casos son transferidos al Servicio de Recuperación de Créditos de los bancos para cuya localización es preciso llevar a cabo «una labor casi detectivesca».

«No deja de llamar la atención también que muchos de estos supuestos servicios de recuperación de créditos son en realidad inmobiliarias», remarca el informe.