A finales de mayo había en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 8.204 personas que, a pesar de estar trabajando, tenían que cobrar la Renta de Garantía de Ingresos porque su sueldo no llegaba a ese mínimo de subsistencia. Y había también 12.921 pensionistas en la misma situación. Es una fotografía instantánea de ese momento preciso, en el que se contabilizaban un total de 51.177 perceptores de la RGI, según los datos de Lanbide.

Este número va variando mes a mes, porque unas personas entran y otras salen de la necesidad de percibir la RGI y según los datos acumulados en los últimos años, al final de 2023 serán más de sesenta mil las personas que hayan pasado por esa situación.

Y casi la mitad de todas esas personas son trabajadores precarios y pensionistas, y de todas ellas, la inmensa mayoría son mujeres. En términos generales, en los últimos cuatro años el porcentaje de trabajadores en precario suponía el 20% de quienes cobraban la RGI. Los pensionistas, por su parte, se acercaban más al 25%.

Por ejemplo, en 2022 Lanbide contabilizó 64.706 personas que en algún momento del año percibieron la RGI. De ellas, 12.414 tenían un trabajo con un sueldo que estaba por debajo de los umbrales mínimos que dan derecho a cobrar la prestación.

Pues bien, de estos trabajadores precarios, 8.094 eran mujeres, por 4.320 hombres. Esta proporción de prácticamente dos a uno se mantiene constante durante los últimos cuatro años.

También en la diferenciación por género entre las 14.598 personas pensionistas que necesitan de la RGI para llegar a un ingreso mínimo, se mantiene esa misma proporción cercana al dos a uno. Fueron 8.943 mujeres y 5.655 hombres.

Esto evidencia que las mujeres padecen los trabajos más precarios y peor pagados, y son al mismo tiempo también las que perciben pensiones más bajas, sean estas contributivas o no contributivas.

En riesgo de pobreza

Según la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, la RGI pretende que sus perceptores puedan satisfacer sus «necesidades básicas». Los trabajadores precarios y pensionistas que la cobran no llegan a ese umbral.

La cifra, con distintos condicionantes, se referencia en la «tasa de riesgo de pobreza», que de cuerdo a la ley se entiende como «el 60 % de la renta mediana equivalente correspondiente al conjunto del Estado, conforme a los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística, o la media ponderada de los umbrales de pobreza de ingresos (mantenimiento) correspondientes a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, una vez descontados los gastos relativos al alquiler de la vivienda, referida al último año disponible».

Miles de personas que están trabajando, sobre todo mujeres, y otras que cobran pensiones necesitan de la RGI para no caer oficialmente en riesgo de pobreza.