El instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, ha dictado una orden de detención estatal contra la exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí al considerar que no ha justificado con una causa legítima que no compareciera ante el Tribunal Supremo español el pasado 24 de abril para que se le comunicara su procesamiento por un delito de desobediencia por el referéndum del 1 de octubre de 2017.

La defensa de Ponsatí alegó «el hecho notorio» de que las comisiones de Industria, Investigación y Energía y la de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, a las que pertenece, tenían sesiones convocadas para ese 24 de abril en Bruselas, algo «incompatible con cualquier compromiso de cualquier índole a cientos de kilómetros de Bruselas».

Tanto Fiscalía como Abogacía del Estado pidieron a Llarena que volviera a citar a Ponsatí. El Ministerio Público incluso propuso reclamar a la exconsellera que comunicara al Supremo su calendario de trabajo en la Eurocámara para las próximas semanas a fin de «compatibilizar» ambas cosas.

Sin embargo, Llarena considera que «ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial», por lo que ha optado por ordenar que se la detenga si vuelve a pisar el Estado español para que sea llevada ante el Supremo, se le pueda comunicar su procesamiento y seguir adelante con la causa.

El magistrado del TS apunta, no obstante, a la posibilidad de dejar sin efecto la orden de detención si Ponsatí comparece voluntaria y personalmente, como ocurrió con otras dos procesadas en esta causa, Meritxel Serret y Anna Gabriel.