El Consejo General de Trabajo Social y los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han denunciado que «el Gobierno Vasco incumple la legislación en materia de evaluación de víctimas de violencia de género, víctimas de agresión sexual y de protección jurídica de las personas discapacitadas», en los informes que los equipos interdisciplinares realizan para la Administración de Justicia.

En una rueda de prensa conjunta, celebrada este jueves en el Colegio oficial de Trabajo Social de Araba en Gasteiz, han reclamado a Lakua que «aumente los ratios de trabajadoras sociales forenses» para poder realizar, conforme a las nuevas leyes, las valoraciones dirigidas a los tribunales de justicia.

La vocal del Consejo General del Trabajo Social y experta forense, Marta Simón, ha explicado que las trabajadoras sociales forenses dan cuenta en los tribunales, «tanto de las situaciones sociales, familiares y culturales como de los contextos en los que se han producido los delitos», dentro de un informe conjunto que realizan con médicos y psicólogos.

Así lo dictaminan la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la nueva Ley Orgánica 8/2021 en materia de personas menores, y la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, a la hora de realizar los informes periciales y forenses, para que «el fiscal y el juez puedan realizar sus valoraciones».

«El Gobierno Vasco incumple la legislación en la garantía jurídica de estas personas, al quedar sesgada la perspectiva social», por la falta de efectivos. «Está contemplado en el marco de la normativa legal y tiene que incorporar a trabajadoras sociales forenses a los equipos interdisciplinares para poder realizar las valoraciones como marca la ley», ha reivindicado Simón.

«Las nuevas leyes reconocen al Trabajo Social Forense como la disciplina científica a la que corresponde investigar y asesorar a los tribunales en problemáticas sociales de primer orden», ha remarcado.

Aumentar los ratios

Simón ha señalado que existe «un brutal desequilibrio» en la composición de los equipos psicosociales y en las de las unidades de valoración forense integral. «Las plantillas se encuentran descompensadas en el número de profesionales que las componen», ha expuesto, para especificar que en Araba y Gipuzkoa «no hay trabajadoras sociales a la par que psicólogas».

Concretamente, ha aclarado que las unidades de valoración forense cuentan con un ratio «de dos psicólogas por dos trabajadoras sociales forenses en Bizkaia y de dos a uno en Gipuzkoa y Araba». Asimismo, la proporción de psicólogos y trabajadores sociales forenses en los equipos psicosociales es de «diez a tres en Bizkaia, cinco a tres en Gipuzkoa y de cuatro a dos en Araba».

«A día de hoy no se ha contratado a ninguna trabajadora social forense para cumplir con la legislación. La tendencia de contratación durante estos últimos treinta años ha sido únicamente la de la psicología», ha recriminado Simón.

En este sentido, han exigido «aumentar los ratios de trabajadoras sociales forenses, por lo menos, a la par que en el número de psicólogos».

Daño social

Esta merma hace que las valoraciones «desprendan una visión exclusivamente psicologista de problemas que son sociales como la violencia de género y la sexual». «Nosotras aportamos qué parámetros educativos, culturales, familiares, sociales, subyacen tras la violencia sexual como fenómeno explicativo y evaluación del daño que reciben las víctimas», ha argumentado.

«Las víctimas de agresión sexual y de género sufren un daño social. Tiene un impacto tan intenso que sufre un menoscabo en su esfera psicológica, pero no se habla tanto del daño que genera que una víctima, tras la agresión, tenga que seguir con su vida en todos sus planos. Salir a la calle, relacionarse con sus amigos con normalidad, su contexto de ocio, acudir al trabajo o tener relaciones afectivas», ha narrado Simón.

«Denunciamos la falta de medios y ratios profesionales y reivindicamos la necesidad de que se proceda a la creación de nuevas plazas de Trabajo Social en los equipos y unidades, como única medida eficaz que realmente permita la protección social y jurídica de las familias en situaciones de vulnerabilidad», ha solicitado Simón.

Los Colegios Oficiales de Trabajo Social han explicado que mantuvieron una reunión con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Lakua, en noviembre del pasado año, para explicarle estas necesidades «que no han sido atendidas», ya que «la respuesta fue aumentar en cuatro profesionales el número de psicólogos».

Por ello, han reiterado sus peticiones para que el Departamento, ahora dirigido por la consejera Nerea Melgosa, atienda a cumplir con la nueva legislación y aumente el número de trabajadoras sociales forenses.