La guerra en Ucrania ha llevado a las instituciones públicas a incrementar las medidas en materia de ciberseguridad. Solo los especialistas sabrán cuántos intentos de hackeo proceden de agencias estatales o de delincuentes comunes. En este contexto, los responsables del Gobierno de Lakua en la materia han decidido vetar el acceso a Dokuklik, la web de consulta de la documentación de una parte importante de los archivos históricos vascos, públicos y privados, del Archivo Histórico de Euskadi (EAH/AHE), desde fuera del espacio cibernético del Estado español.

En ningún momento ni en ninguna parte el EAH/AHE, dependiente del Departamento de Cultura y Política Lingüística, ha informado de esta decisión. La persona que se conecta –sea en Alemania, Irlanda o Ipar Euskal Herria– recibe un time error, es decir, su navegador le dice que no puede establecer contacto con la web. No se abre ventana alguna que indique el motivo del fallo, que hasta finales de 2022 no se daba. Para saber si el error es propio o ajeno se debe contactar con el EAH/AHE.

«Las conexiones con Dokuklik desde el extranjero están bloqueadas por cuestiones que no dependen del AHE (relacionadas con la ciberseguridad y la guerra de Ucrania)», es la repuesta oficial. «Unicamente en caso de solicitudes corporativas (universidades, fundaciones, etc...), previa solicitud, se ha dado autorización para la conexión», sigue. El requisito de disponer de un «email corporativo» deja patente que la ciberseguridad aplica el geoblocking (bloqueo geográfico).

Cada dispositivo recibe una dirección de identificación (IP) cuando se conecta a internet. Se trata de un número de varios dígitos, algunos de los cuales identifican al país. Por eso es posible bloquear el acceso a Dokuklik desde ordenadores que no disponen de una IP que corresponda al Estado español. No existe ninguna IP vasca, porque no es lo mismo la IP que el dominio .eus, por ejemplo.

Lo que ha obviado la ciberseguridad vasca es que, desde 2018, el bloqueo geográfico es una práctica ilegal en la Unión Europea. En su reglamento (UE) 2018/302, la Comisión Europea lo prohibe, porque considera discriminatorio que a una persona no se le deje acceder a la página de una tienda por razón de su nacionalidad, lugar de residencia o de establecimiento.

Además, el geoblocking es ineficaz desde el punto de vista técnico, porque solo bloquea a navegadores que operan de modo «legal». Apenas siete euros al mes cobra la empresa de ciberseguridad Bitdefender por su servicio VPN, un programa que permite, por ejemplo «españolizar» un ordenador, dándole una IP «española». Con este truco, se accede de nuevo a Dokuklik desde fuera del ciberespacio «españolizado». Por tanto, navegando bajo una «IP falsa», se rompe el geobloqueo.

Si este último ha sido realmente el método decretado por la ciberseguridad vasca –o española– para proteger Dokuklik, sus responsables no han hecho bien su labor. La discriminación no lleva a ninguna parte, tampoco si lleva el adjetivo digital.

Lejos de la realidad

«Las instituciones pú́blicas vascas están obligadas a garantizar el derecho de acceso, libre, universal y no discriminatorio, por parte de los ciudadanos, a los documentos integrantes del Patrimonio Documental del Pueblo Vasco, que se hallan bajo su custodia», reza el artículo 18 del decreto 232/2000 que es la base legal del archivo vasco. «Procurará́n, además, favorecer su consulta y uso, a travé́s de la elaboración de instrumentos adecuados de descripció́n e informació́n, y la difusión de los mismos», continúa. El propio Archivo dice que es su responsabilidad «la recopilación, organización y conservación de la documentación, con el fin último de facilitar su consulta por parte de la ciudadanía y las personas investigadoras». Palabras que no reflejan la realidad.

Quizá la medida viene «impuesta» desde la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad adscrita al Ministerio español de Interior. «España tiene un avanzado sistema de protección de infraestructuras críticas impulsado por la sinergia público-privada, pero las medidas preventivas se han redoblado por el riesgo real de un ataque a gran escala», decía el diario “ABC” en marzo de 2022. Y es verdad que hace un año los principales archivos alemanes estuvieron dos días offline para blindarse contra posibles ciberataques. Pero después volvieron a funcionar como antes.

Mucho mayor es el daño político que este geobloqueo produce: el pasado de Euskal Herria –de sus gentes e instituciones– queda offline para el resto del mundo. El EHA/AHE retrocede virtualmente a los tiempos en los que había que consultar en persona sus fondos, primero en Bergara y desde 2014 en Bilbo. «La inauguración del Archivo Histórico de Euskadi ha contribuido a proporcionar visibilidad y cercanía a esta política de Archivos de cara a la ciudadanía», dice en su web. Palabras que suenan cínicas para aquellos a quienes no se les abre Dokuklik.