Stop Desahucios Euskadi, Inquilinos Azora y Alokairu Benta Berri comparecieron ayer en la comisión de vivienda del parlamento de la CAV para exigir la declaración urgente de las zonas tensionadas y «la limitación de los abusivos alquileres que regula la ley de vivienda estatal».

Señalaron que la declaración de zonas tensionadas «no puede esperar más» y que no van a «admitir dilaciones de ningún tipo, ni excusas de invasión de competencias». Por ello, han exigido al Gobierno de Lakua «voluntad política para llevarlo a cabo».

Como ejemplo han puesto Catalunya que, en aplicación de la Ley Estatal, ha solicitado recientemente elevar de 60 a 164 los municipios tensionados en base a sus plenas competencias y gracias a la Ley de Vivienda, que ofrece el marco jurídico necesario.

El PNV insiste en la «invasión competencial»

En sus intervenciones, los grupos EH Bildu y Elkarrekin Podemos ratificaron la urgencia de tal declaración.

Por su parte, el PSE, que dirige la consejería de Vivienda declaró que el 24 de mayo encargó un estudio de las zonas tensionadas a un despacho de abogados que tiene que finalizarlo en tres meses, es decir, el 24 de agosto.

EL PNV volvió insistir en que la Ley de Vivienda Estatal invade competencias, ya lo hizo votando no en el Congreso.

Las tres plataformas por el derecho a la vivienda han respondido a la representante del PNV achacándole su «responsabilidad de dejar las manos libres a los 1.775 grandes tenedores y fondos buitres con propiedades en Euskadi, para seguir impunemente especulando con el derecho a una vivienda digna y asequible, de los que el 47,8% están ubicados en Donostia, al no permitir la aplicación en la CAV de la Ley Estatal».

En concreto, han denunciado que actitud del PNV «deja desamparados a los inquilinos de las 520 viviendas de VPO en Benta Berri, cuando sus contratos protegidos finalicen y el fondo buitr BlackStone imponga precios de mercado que no puedan pagar, que en este barrio donostiarra rondan los 1.400 euros».

«También están desamparados los 30 inquilinos de tres fincas del barrio de Gros en Donostia, cuyo casero es el fondo buitre Azora, que desde hace meses les está enviando burofaxes al ir finalizando sus contratos y/o prórrogas comunicándoles su intención de no renovarlos e instándoles a desalojar las viviendas con el objetivo de vaciar las fincas y sacar al mercado viviendas de lujo», han añadido.

Si Donostia fuera declarada como zona tensionada, estos inquilinos tendrían el derecho de exigir la prórroga de sus contratos por tres años, al ser el casero un gran tenedor.

«Todos estos posibles desahucios, desalojos y expulsiones a manos de los grandes tenedores, y también por parte de pequeños propietarios que siguen la senda especulativa de los grandes, se pueden evitar con la limitación de los precios de alquiler en las zonas tensionadas, unido a la movilización de las viviendas vacías y al incremento de la inversión en viviendas protegidas de alquiler para atender las necesidades de 57.000 inscritos en Etxebide», han concluido.