La Caravana Abriendo Fronteras finalizó el pasado sábado en el puerto de Borriana, en el País Valencià, donde exigieron que se reabra la investigación sobre la tragedia ocurrida en junio de 2022 en la valla de Melilla, «depurando las responsabilidades de las muertes y desapariciones e implementando medidas para que este tipo de masacre no se vuelva a repetir».

Según han explicado en un comunicado, también reclamaron «acabar con la violenta cadena de deportaciones en caliente contrarias al derecho internacional»; así como «reconocer y respetar el derecho a migrar, como estrategia de resistencia y reparación ante políticas extractivistas, patriarcales y coloniales».

En este sentido, pidieron «vías legales y seguras, para que nadie pierda su vida por migrar y evitar la explotación, la trata y el tráfico de personas»; y el «cese del racismo, abuso de autoridad y violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Melilla y resto del Estado español.

También abogaron por «incluir aspectos jurídicos que respeten los derechos de las personas fallecidas y desaparecidas devolviéndole la dignidad a sus familias»; e instaron a partidos e instituciones a «dejar de instrumentalizar a las personas en tránsito como herramienta de presión política».

«El objetivo es el desgaste»

Precisamente, el sábado los participantes en la caravana pudieron escuchar el testimonio de Ricard Llombart, marinero y patrón de las barcas de rescate del Sea Eye Port, que empezaron su labor en Lesbos en el 2016. Este explicó la situación que se vive en las rutas migratorias marítimas.

«Ahora estamos viendo más gente llegar, pero con la llegada de la ultraderecha en Italia, las políticas son cada vez más restrictivas. Estamos limitados a realizar un rescate solamente, cuando antes podíamos trabajar hasta que el barco estuviera lleno o necesitáramos reponer. También nos obligan a viajar hasta el norte de Italia para poder descargar, lo que supone tiempo y dinero. Si incumples, las sanciones son de hasta 30 días detenidos y las multas van desde los 3.000 hasta los 10.000 euros. El objetivo es el desgaste», apuntó.