«La autoridad pública debe recordar a los agentes cuál es el marco legal de su actuación que está al servicio de la garantía de las libertades fundamentales y la autoridad judicial debe cumplir su papel de guardián de las libertades individuales». Fue la voz autorizada del presidente de la Comisión Nacional Consultativa de Derechos Humanos (CNCDH), Jean-Marie Burguburu, la que verbalizó esta advertencia que se suma a las distintas alertas lanzadas por el organismo tanto al Gobierno de Emmanuel Macron como al Parlamento francés.

Conviene recordar que ese informe, hecho público la pasada primavera, se refería a «los comportamientos policiales observados a partir del 16 de marzo», cuando las protestas sociales que estallaron en todo el Hexágono en respuesta a la aprobacion por decreto de la reforma de las pensiones dieron lugar a detenciones y cargas masivas en clara vulneración de las normas de la Convencion Europea de Derechos Humanos.

La CNCDH, organismo consultivo creado en 1947 por el baionarra René Cassin, Premio Nobel de la Paz, sumaba ese informe a otro, si cabe más explícito, emitido en enero de 2020, y en el que alertó sobre «actos de violencia policial ilegítima» en el contexto del Movimiento de los Chalecos Amarillos.

De ahí que Burguburu se lamentara de que «tres años más tarde la CNCDH deba hacer el mismo diagnóstico sobre las preocupantes actuaciones de las fuerzas del orden».

Alejamiento entre Policía y ciudadanía

Fue exactamente en 2020 cuando la CNCDH elaboró y entregó al Gobierno, con vistas al proceso de debate abierto por el Ministerio de Interior sobre el modelo de seguridad, un diagnóstico destinado a analizar concretamente las relaciones entre la Policía y la ciudadanía.

En ese informe el organismo ya ponía de manifiesto que «esos excesos contribuyen a debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas». Y añadía que «el aumento de la represión policial no puede ser nunca una respuesta apropiada a los problemas políticos y sociales a los que debe hacer frente el Gobierno».

Ese informe está hoy más que nunca de actualidad, ya que, a raíz del que la Fiscalía haya calificado de «homicidio voluntario» la muerte del joven Nahel, ocurrida hace una semana en Nanterre, y de la virulenta revuelta que ha prendido después en los barrios populares de muchas ciudades francesas, la reflexión sobre el modelo policial está más que nunca sobre la mesa.

Compuesta de 64 miembros procedentes de las organizaciones de derechos humanos existentes en el Estado francés la Comisión Nacional Consultativa de Derechos Humanos volvía a expresar su preocupación al respecto en una aportación remitida a principios de este año a las Naciones Unidas.

Abordar las discriminaciones sistemáticas

En ese informe se conmina al Gobierno de Emmanuel Macron a abordar «una reorientación global de las políticas públicas de seguridad» y se recomienda que «el modelo de cifras» a la hora de evaluar la eficacia policial se sustituya por un marco de «calidad y proximidad en el servicio» lo que obligaría a reevaluar las misiones de la Policía.

«La CNCDH aconseja que se aplique una doctrina de intervención fundada en una relación de confianza con la sociedad» se puede leer en esa reflexión en la que se aboga por «encuadrar correctamente las prácticas de controles de identidad».

Para avanzar hacia un modelo que deje atrás la normativa de 2017, que facilita el uso del arma en situaciones como el control de tráfico en que encontró la muerte el adolescente de Nanterre, la Comisión encargada de velar por el correcto cumplimiento por el Estado francés de las recomendaciones y acuerdos internacionales en materia de promoción de los derechos humanos, considera urgente «tratar la cuestión de las discriminaciones sistemáticas, particularmente en el seno de la Policía».