Según datos de Caminando Fronteras, entre 2020 –cuando se conformó el actual Gobierno de España– y 2022 murieron 9.413 personas intentando cruzar la frontera occidental euroafricana. ¿Qué podría haber hecho y no ha hecho el Ejecutivo español para evitar todas estas muertes?

Para nosotras lo más importante que ha sucedido en esta legislatura, que ya inició en 2018, es que empiezan a darse pautas políticas para que Salvamento Marítimo se convierta en un agente de control de fronteras. Es decir, una empresa pública que se dedica a la salvaguarda del derecho a la vida en el mar empieza a tener una serie de órdenes y, por ejemplo, deja de hacer búsquedas activas cuando hay una embarcación en el mar y apuesta por búsquedas pasivas. Cuando hay un naufragio, solo recoge los cuerpos si se encuentra con ellos, pero no hay una búsqueda activa. Deja de hacer todas las cosas que se harían si el naufragio fuese de un yate o de unos pescadores y empieza a aplicar una política racista en el mar, donde hay dos protocolos de rescate muy diferentes para las personas europeas o para las personas negras migrantes. Además, hay una colaboración muy fluida con Marruecos, sobre todo para el control migratorio, pero no para salvar vidas, a pesar de que los dos países tienen la obligación de coordinarse cuando hay una alerta para hacer los rescates lo más rápido posible y con las mayores garantías.

¿Qué ha supuesto para las personas que intentar migrar al Estado español el giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental?

Las relaciones hispano-marroquíes han sido atravesadas por el control migratorio de una forma perversa. Durante las últimas tres décadas eso ha estado muy presente: el Estado español externaliza sus fronteras y Marruecos utiliza esa externalización como chantaje y construye relaciones policiales fuera de los marcos democráticos; lo vemos en las vallas de Ceuta y de Melilla. Con esto consigue, por ejemplo, dinero, y mucho de ese dinero se invierte en material militar. Ese material militar, desde que se abre la ruta atlántica, se desplaza hacia allí. Y están los intereses geopolíticos de Marruecos. No solo quiere dinero, cerrar el norte de Marruecos para desplazar la migración a la ruta atlántica responde a los intereses territoriales y marítimos de Marruecos. Hay que recordar que en 2020 anexionó de manera unilateral las aguas canarias y con ello, las zonas de salvamento y rescate. Por lo tanto, este interés del Estado español hay que leerlo en clave de las relaciones bilaterales para el control migratorio y el régimen de fronteras.

«Durante esta última legislatura se ha normalizado la omisión del deber de socorro»

El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a decir que la actuación de las fuerzas y cuerpos policiales del Estado que causó una treintena de muertos en Melilla fue «proporcional». ¿Hemos llegado al punto de asumir como naturales las muertes de las personas migrantes y de no buscar responsabilidades?

Efectivamente, se habla de fuerza proporcionada cuando se está hablando de hacer daño a una persona que cruza la frontera, y esto es una falta administrativa en el Estado español. Esto se ha normalizado en estos treinta años, también por la propaganda desde los medios de comunicación, que han criminalizado a las personas migrantes y han usado un discurso de guerra. Sobre todo se ha normalizado durante esta última legislatura es una práctica que usan en otros lugares como Grecia e Italia, y es la omisión del deber de socorro. Es decir, ya no tienen que causar muertes de forma proactiva, sino causan muertes no yendo a rescatar. Esto no cambia, la situación en la frontera, la falta de protección de la vida y otros derechos, es independiente de quién esté gobernando.

«Hay una colaboración muy fluida con Marruecos, sobre todo para el control migratorio, pero no para salvar vidas»

La situación podría ir a peor. La ultraderecha podría irrumpir en el Gobierno tras las elecciones del 23 de julio; ¿qué podría implicar esto en materia de derechos humanos de las personas migrantes?

Creo que en el territorio fronterizo la situación puede recrudecerse, evidentemente, pero ya estamos en una situación extrema de muerte. Para las personas que ya están en el territorio estatal la situación sí que puede empeorar muchísimo. En muchos territorios ha habido una oportunidad, durante esta última legislatura, para atacar a las estructuras del racismo institucional, y no se ha hecho. Por lo cual, el racismo social ha aumentado. Si hay un cambio en la siguiente legislatura, veremos si son capaces de recrudecer una situación que ya es terrible, con un número de muertes establecidas por unas decisiones políticas.