Con la oposición de los tres consejeros del PSE, el Gobierno de Lakua ha anunciado un recurso ante el TC español contra la Ley de Vivienda al considerar que regula aspectos que, a pesar de no estar incluidos en la legislación de la CAV, sí son de su competencia.

La interposición de este recurso de inconstitucionalidad contra esta ley orgánica ha sido aprobada este miércoles por el Consejo del Ejecutivo de Lakua. En base al informe elaborado por sus servicios jurídicos, quiere recurrir siete artículos de la ley estatal, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.

PNV y PSE han mantenido sus discrepancias en torno a esta ley, que fue rechazada en las Cortes Generales por el partido de Andoni Ortuzar. Unas diferencias que se han trasladado este miércoles al Consejo de Gobierno, donde los tres consejeros del PSE han mostrado su disconformidad con este recurso.

El portavoz del Gobierno de Lakua, Bingen Zupiria, ha explicado que el recurso se ha decidido en base al informe de los servicios jurídicos de la institución, que, según ha dicho, tiene su origen en la aprobación por parte del Parlamento de Gasteiz, a principios de mayo, de una iniciativa suscrita por PNV y PSE.

En este texto se instaba al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes dirigido por el PSE a elaborar un documento de aplicación en la CAV de la nueva ley «en todos aquellos aspectos que puedan suponer incorporación de medidas complementarias al desarrollo del derecho a la vivienda» que instaura la ley vasca de 2015.

Acercar posturas para evitar el recurso

El portavoz ha hecho un llamamiento al Gobierno español para tratar de encauzar esta cuestión en la comisión bilateral de cooperación para tratar de acercar posturas y llegar a un acuerdo que evite el recurso.

Zupiria ha explicado los argumentos recogidos en el informe jurídico, que inciden en que la norma «ocupa» el espacio con el que cuenta la administración de la CAV «para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda», lo que genera «inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar».

«Se trata de la imposición a Euskadi de ciertas medidas y medios para llevarlas a cabo en aspectos de materia de vivienda que son competencia exclusiva de esta comunidad autónoma», considera Lakua, que insiste en que «el Estado pretende ser el único poder público que defina la función social de la vivienda», así como «regular en profundidad las acciones públicas promotoras de vivienda y la política pública de acceso a la misma».

Estas circunstancias relegan a la CAV a «ser mera ejecutora», porque su competencia normativa en esta materia «queda vaciada completamente», asegura.

Asimismo, el informe jurídico señala que «en gran medida» el contenido de la ley se encuentra recogido y «bien regulado» con carácter previo a través de la ley vasca de 2015, que, tal y como recuerda, fue validada por el Tribunal Constitucional español.

En concreto, el informe señala que la norma estatal establece reservas de suelo destinadas a vivienda protegida en un alto porcentaje, lo que «vulnera la jurisprudencia constitucional al respecto», al tiempo que introduce «contradicciones» en cuanto al destino necesario del patrimonio público del suelo, lo que «limita la capacidad de decisión de Euskadi en políticas de su competencia exclusiva».

En cuanto a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, la regulación del Estado «ocupa el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca», lo que «cierra la posibilidad de tal desarrollo».

Por todo ello, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno de Lakua entiende que «el Estado está negando la posibilidad a la sociedad vasca de ser, a través de sus representantes elegidos democráticamente, dueña de su propio modelo en política de vivienda».

«De manera deliberada y con una estrategia recentralizadora se está obviando que en el Estado existen realidades diferentes y gestiones muy diferenciadas en este ámbito en concreto, ya que Euskadi es la comunidad autónoma que más VPO ha construido, solo por detrás de Andalucía, comunidad que cuadriplica nuestra población», denuncia este departamento.

En definitiva, Lakua entiende que así defiende la capacidad de la ciudadanía del territorio para «establecer su propio camino en aquello que tiene reconocido por ley y sin injerencias», y subraya la necesidad de «proteger el espacio reconocido al Departamento vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte», para definir y materializar las políticas de vivienda en base a las necesidades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

El PSE dice que complementa y respeta competencias

Frente a los argumentos esgrimidos por Lakua, desde el PSE se ha asegurado, a través de un comunicado, que la ley estatal «complementa» la vasca y no invade competencias, y se ha pedido que el procedimiento iniciado «no entorpezca la puesta en marcha de la legislación estatal en Euskadi».

«No compartimos los argumentos que pretenden fundamentar un recurso de inconstitucionalidad y, además, respetando el derecho de cada administración a defender sus intereses y competencias, creemos que la litigiosidad entre estas debe evitarse todo lo posible, buscando el interés general», han comentado los socialistas.

El PSE ha destacado que gracias a la ley estatal se pueden regular los precios del alquiler, lo que no permitía la legislación de la CAV, en las zonas tensionadas y a petición de los propios ayuntamientos.

«La Ley de Vivienda estatal viene a completar las actuaciones que ya están siendo protagonizadas por la administración vasca (regulación de desahucios y lanzamientos que afecten a personas vulnerables; parque de vivienda protegida en alquiler a precio limitado, movilización de viviendas vacías…) y otras, como los mecanismos de contención y bajada de precios del alquiler en zonas tensionadas, que vienen a reforzar el papel público en la búsqueda de soluciones», ha indicado.

Y ha añadido que el Departamento de Vivienda, que dirige el socialista Iñaki Arriola, trabaja en la elaboración de un informe sobre la aplicabilidad de la Ley estatal en los aspectos complementarios a la Ley de Vivienda de la CAV y que está elaborando las herramientas estadísticas necesarias para la determinación de las zonas tensionadas en los municipios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Este choque entre socios del Ejecutivo de Lakua es una de las consecuencias que empieza a tener una decisión que incluso hace que el PNV se posicione contra el criterio de sus juristas de referencia y que puede tener un efecto boomerang que le puede salir caro, como señalaba en un artículo Ramon Sola.

Críticas de Podemos y «acierto» para el PP

Tras conocerse el anuncio del recurso, Elkarrekin Podemos y PP han realizado sus correspondientes valoraciones, que son totalmente contrapuestas. En el primer caso, la portavoz en el Parlamento de Gasteiz, Miren Gorrotxategi, ha considerado que recurrir la Ley de Vivienda «no es defender el autogobierno, sino ir contra los derechos más básicos del pueblo vasco».

En concreto, ha señalado en redes sociales que «cuando llega un momento en el que confundes los intereses de los vascos y vascas con los intereses de los fondos buitre y especuladores, ya no estás defendiendo el autogobierno, sino yendo en contra de los derechos más básicos de tu propio pueblo».

El diputado electo de Sumar por Bizkaia, Lander Martínez, ha considerado que el Gobierno «debe desarrollar la ley de vivienda, no bloquearla. Solo hace falta voluntad política».

En el polo opuesto se ha situado Carlos Iturgaiz, presidente del PP en la CAV, quien ha considerado «acertado» el recurso, al tiempo que se ha alegrado de que el PNV y su partido se puedan «entender» en esta cuestión, «porque la Ley de Vivienda es una aberración».

Sobre la norma, ha añadido que «va en contra de los propietarios y a favor de la ocupación», y ha asegurado que su partido la «cambiará» si llega al Gobierno español.