Un «tejemaneje» de UGT, CCOO y la CEN para el reparto de 400.814 euros estatales en Nafarroa para la prevención de riesgos laborales es lo que ha denunciado el sindicato LAB tras comprobar en una reunión con el Ejecutivo del herrialde que las centrales citadas conocían los criterios para su asignación antes de ser publicados en el BOE.

En una comparecencia ante los medios, el responsable nacional de LAB en Salud Laboral, Inko Iriarte, y el portavoz del sindicato en Nafarroa, Imanol Karrera, han explicado que descubrieron esa situación «excepcional» durante una reunión celebrada el 22 de junio con el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Nafarroa para analizar el reparto de esos fondos estatales asignados al herrialde para 2023.

Durante ese encuentro, según ha explicado Iriarte, quedó en evidencia que el departamento «desconocía las bases» para el citado reparto, mientras que «los representantes de UGT y CCOO traían escritos unos criterios claros» a pesar de que todavía no han sido publicados en el BOE. Hasta el punto de que «le decían al Gobierno de Navarra cómo debía interpretar esos pliegos que aún no han visto la luz».

Iriarte ha recordado que, en los últimos años, estos repartos estatales «han estado bloqueados a raíz de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas y la anulación de las convocatorias de 2008 a 2013 vía judicial» e incluso posteriores.

Ha puesto el acento en que la propia Fundación estatal para la Prevención de Riesgos Laborales «modificó el sistema, excluyendo al Consejo de Osalan y al Consejo Navarro de Salud Laboral de participar».

Juez y parte

Posteriormente, el mismo Tribunal de Cuentas concluyó que se trataba de «un sistema de financiación en el que existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO, que dichas organizaciones han sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, y que en muchos casos es cuestionable la dedicación de los fondos recibidos a la ejecución de las acciones».

Tras un largo camino «lleno de sentencias desfavorables para las fuerzas sindicales y patronal estatales», en septiembre de 2022, se modificó la disposición adicional V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, «dejando atada la gestión de los fondos, esta vez sí, sobre el Ministerio de Trabajo español».

De esta manera, «han privado a las CCAA de la capacidad para definir las líneas de actuación de cada campaña», ya que la citada modificación «centraliza en Madrid la potestad de diseñar y publicar las bases de cada ejercicio, dejando una vez más la capacidad de gestión de las administraciones de Hego Euskal Herria en un mero trámite». Como ha concluido rotundo Iriarte, «dicho de otra forma, han realizado una modificación legal dirigida a seguir haciendo lo que hacían antes de manera irregular, otorgándole ahora mayor seguridad jurídica».

Modo de proceder «improcedente e indecente»

Así se ha llegado a la situación actual, y «una vez más, estamos ante una manera de proceder abiertamente improcedente e indecente: estas organizaciones siguen queriendo ser juez y parte en la gestión de los fondos de la Fundación para que nadie pueda entrometerse en el reparto de más dinero que satisfaga sus necesidades e intereses».

Por todo ello, el portavoz de LAB en Nafarroa ha afirmado que el sindicato «no va a formar parte de ese reparto. No va a aceptar que estos fondos sean repartidos con intereses corporativos entre los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEN».

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Nafarroa ya tiene una línea de apoyo económico a proyectos de salud laboral por un montante similar al estatal, en la que participan UGT, CCOO, ELA y LAB. Por lo tanto, ese nuevo reparto de fondos «conllevaría inevitablemente una duplicidad en cantidad de dinero y concepto absolutamente vergonzosa e inaceptable».

Karrera ha añadido que, «más allá de la denuncia firme de ello», el sindicato «va a intervenir en este asunto y su acción irá destinada a presionar y forzar con iniciativas nuevas decisiones y políticas. Va a seguir de cerca y fiscalizar las irregularidades que se puedan dar sin descartar la vía judicial, en la que ya se encuentra trabajando la Asesoría Jurídica. Ante la estrategia de UGT y CCOO de aprovechar cualquier vacío para intentar volver a avanzar en sus privilegios, LAB no va a ceder ningún espacio».

Y ha recordado al Ejecutivo navarro que, ante estos hechos, «tiene dos opciones». Una pasaría por «aceptar el funcionamiento clientelar de UGT, CCOO y los empresarios navarros de la CEN que perjudica a la mayoría social en favor de intereses corporativos».

Y la segunda consistiría en «defender la alternativa en favor de la clase trabajadora que defiende LAB, en favor de la mejora de las condiciones de trabajo, los derechos de las trabajadoras y trabajadores, reivindicando la publificación de la salud laboral, tanto de la prevención como de la asistencia sanitaria, y la integración de la prevención en la gestión de las empresas frente a su actual externalización. Reclamando esos fondos para su gestión pública, destinando otras líneas económicas y presupuestarias a reforzar el propio Instituto de Salud Pública y Laboral de Nafarroa (Ispln-NOPLOI) junto a la exigencia de una inspección de trabajo propia».