Las grandes empresas energéticas y entidades financieras deberán efectuar entre el 1 y el 20 de septiembre el segundo pago de los nuevos gravámenes extraordinarios aprobados por el Gobierno Sánchez para estos sectores, una cantidad que podría superar los 2.900 millones en el conjunto del año.

Dichas compañías abonaron 1.454,5 millones de euros en el primer periodo de pago, en el mes de febrero, de los cuales 817,4 millones correspondieron al gravamen energético y 637,1 millones, al bancario, según informó el Ministerio de Hacienda.

La previsión de recaudación es de 1.700 millones anuales para el energético y 1.300 millones anuales para la banca, unas cifras que podrían alcanzarse de acuerdo al resultado del primer pago adelantado.

La prestación patrimonial para empresas energéticas grava durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.

La Comisión Mixta del Concierto Económico y la Comisión Coordinadora del Convenio Económico negociarán la participación de las haciendas forales vascas en estos tributos.

Los importes abonados no pueden deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente, algo que ya vigila la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que está sujeto a sanción.

Afectará a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en el Estado español.

La recaudación se destina al apoyo a hogares vulnerables, iniciativas para reducir el consumo de energía o inversiones en autonomía energética.

Bancos

La prestación para entidades financieras es muy similar a la energética: será temporal, para dos ejercicios, no puede deducirse ni repercutirse y se negociará la participación de las haciendas vascas.

En este caso, las entidades obligadas serán aquellas cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superaron los 800 millones en 2019, incluidas las entidades extranjeras supervisadas por el Banco Central Europeo que superen ese umbral en España.

La prestación gravará con un tipo del 4,8 % el margen de intermediación, es decir, los intereses netos -diferencia entre los que cobra y los que paga- y las comisiones netas -diferencia entre las cobradas y pagadas-.

El Gobierno español espera recaudar en este caso 1.500 millones anuales, que se destinarán a financiar medidas para mitigar la subida de los precios derivada de la guerra en Ucrania.

En 2024, el Gobierno evaluará los resultados de la prestación y la conveniencia de dar carácter permanente a estos dos impuestos extraordinarios, como reclaman EH Bildu y otras fuerzas.