La fundación Egiari Zor, que reúne a víctimas de la violencia estatal, ha salido al paso de las declaraciones hechas por Iñaki Subijana, presidente del TSJPV, en una entrevista el domingo a ‘El Diario Vasco’. En ella, y preguntado sobre la falta de reconocimiento de la tortura por parte del Estado, Subijana expuso que «las víctimas de los abusos de fuerzas de seguridad lo son de una violencia coyuntural» y añadió que estas prácticas «no forman parte de la estructura del Estado».

Pese a los informes encargados por los gobiernos de Gasteiz e Iruñea que refieren más de 5.000 casos en una lacra masiva y sostenida durante décadas, Subijana parece restar importancia a la cuestión en su respuesta. Esta es la frase completa: «Yo no voy a discutir que todos son víctimas, pero hay que diferenciar. No son víctimas de lo mismo. Unas son víctimas de ETA, una organización terrorista que estructuralmente fue destructiva y dañina, que buscó la destrucción del Estado a través de la imposición de la violencia. Las víctimas de los abusos de fuerzas de seguridad lo son de una violencia coyuntural, reprobable y muy grave, sobre todo cuando hablamos de la tortura, que es la mayor negación del Estado de Derecho y lo deslegitima, pero no forman parte de la estructura del Estado».

«Todos son víctimas y deben tener su reconocimiento, pero por eso las legislaciones son diferenciadas. Aquí no vale el discurso de que ‘todos hemos sufrido y todos hemos cometido errores’. No. ETA fue lo que fue y no debemos olvidarlo», continúa Subijana.

Frente a ello, Egiari Zor recuerda que «el negacionismo e inacción judicial ante la tortura durante décadas, además de posibilitar su ejercicio sistemático, evidenciaron una clara estrategia de Estado en la que eran necesarios, además de policías, forenses y medios de comunicación, también jueces». Cabe apuntar aquí que en los citados informes se recuerda que solo hay 20 sentencias condenatorias firmes por torturas en el Estado español para los 6.000 casos referidos. Son ya casi tantas las emitidas desde fuera del Estado español, bien por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por no investigar los casos) o por el Comité contra la Tortura de la ONU.

«La impunidad se justifica reduciendo las vulneraciones graves recogidas en el art. 3 de la Declaración Universal de DDHH a meros abusos policiales. Casi 6.000 casos de tortura en Euskal Herria no son ‘abusos’, son un crimen de Estado sin castigo, señor presidente del TSJPV», continúa Egiari Zor.

«Esta conclusión realizada por un magistrado, presidente del TSJPV, es muy grave y retrata el estado de la Justicia en términos de DDHH cuando las víctimas son personas torturadas», añade la fundación.

Portu y Sarasola

Subijana tiene conocimiento directísimo de la tortura, puesto que presidió el tribunal de la Audiencia de Gipuzkoa que juzgó y condenó el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola, en el año 2010. A cuatro guardias civiles se les aplicaron penas totales de menos de diez años de cárcel, por tormentos que llevaron al hospital a Portu, en estado muy grave, en 2008.

Es un proceso judicial ilustrativo sobre la actitud de la Justicia española ante la tortura, puesto que posteriormente el Supremo revocó esa sentencia. Y fue Estrasburgo quien acabó condenando al Estado español, en este caso no ya solo por no investigar, sino por aplicar «trato inhumano» a los dos vascos detenidos.