El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria regresará este lunes a las plazas de pueblos y ciudades para reclamar una pensión mínima de 1.080 euros mensuales, con efectos retroactivos a enero de 2023. También pedirá un complemento a los ejecutivos de Gasteiz e Iruñea, y exigirán el restablecimiento de una paga compensatoria por la perdida de poder adquisitivo.

En un comunicado, ha recodado que «antes de las elecciones nos dirigimos a los partidos para que incluyeran en sus programas electorales nuestras reivindicaciones básicas. Y tras las elecciones lo volvemos a hacer para que nuestras propuestas sean recogidas en el programa de gobierno».

No en vano, «ha habido elecciones, pero los problemas de las personas pensionistas no han desaparecido; el incremento del coste de la vida está empeorando drásticamente nuestras condiciones de vida».

«El incremento de los precios nos pone cada vez más difícil acceder a una alimentación sana y a los medicamentos, a unas condiciones habitacionales dignas que garanticen la movilidad y una temperatura adecuada, el acceso a los servicios sociosanitarios de atención a la dependencia etc.», ha añadido, incidiendo en que el IPC interanual es del 5% y el subyacente de 2023 del 6,2%.

«¿Como es posible mantener y mejorar nuestras condiciones de vida si la pensión mínima es de 743 euros y 167.718 personas, especialmente mujeres, pensionistas en la CAV y 51.306 en Navarra tienen ingresos por debajo de 1080 euros?», ha preguntado.

Además, ha denunciado que, «al mismo tiempo la banca, las eléctricas y también las grandes empresas no financieras baten récord de beneficios. Se sigue produciendo un desigual reparto de la riqueza que reduce salarios y pensiones para mejorar la cuenta de resultados de las grandes empresas y el nuevo gobierno tiene que hacer algo al respecto».

Interpelación directa a la clase política

A juicio del movimiento de pensionistas, es necesario acabar con la brecha de género, derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, garantizar la tasa de reemplazo de salario y de pensión por encima el 90% para salarios inferiores a los 1.500 euros, y derogar la Ley 2/2022 de fomento de los planes de pensiones de empleo que persigue la privatización del sistema de pensiones.

Ha avanzado quedará cuenta de sus demandas «de inmediato» a los grupos políticos del Congreso. Y «a
los parlamentos de Navarra y la CAV les demandaremos posicionarse respecto al informe de complemento a 1.080 que les hemos entregado». «Sabemos que la movilización sigue siendo nuestra garantía para conseguir nuestros objetivos y así lo haremos», ha concluido.