Las compañías de transporte escolar no prestarán el servicio este jueves en Araba y Bizkaia, lo que afecta a más de 10.000 estudiantes de la red pública que comienzan el curso, según ha avanzado EiTB.

Las empresas de transporte se han reunido este mismo miércoles y han decidido interponer un recurso ante la orden del Departamento de Educación que obliga a las mismas a operar en las rutas no licitadas.

Fuentes de las empresas han explicado a Efe que pensaban acatar la orden del departamento de Educación que les obligaba a mantener el servicio que dieron el curso pasado pero que sus asesores jurídicos consideran que la orden de Lakua «no se ajusta a derecho» y no puede obligarles porque el transporte escolar no es un servicio «primordial» sino «complementario».

Con esa interpretación, las empresas de autobuses estiman que «no tienen obligación de salir mañana» y han decidido no prestar el servicio, además recurrir la orden de Lakua ante los tribunales.

Esta tarde, fuentes de las asociaciones explicaban a Efe que el servicio de autobús no estaba garantizado a pesar de la orden de Lakua, que obliga a las empresas que operaron el pasado curso las líneas de transporte escolar de los centros públicos a llevar a los menores al centro educativo en el comienzo de curso.

La citada orden, con la que el Ejecutivo busca garantizar el transporte escolar, se emitió después de que el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmara haber detectado prácticas «sospechosas» y probablemente «ilícitas» entre algunas de estas empresas para no presentarse a los concursos de esas líneas.

Educación informó de que remitiría esa información a la Autoridad Vasca de la Competencia y a la Fiscalía ante los «indicios de delito».

A día de hoy, únicamente el 31% de las rutas están licitadas, aunque hay notables diferencias entre herrialdes. En Gipuzkoa prácticamente todas (98%) están cubiertas, porcentaje que desciende al 5% en Araba, mientras que en Bizkaia no se ha licitado ninguna. Será en estos dos últimos herrialdes en los que más de 10.000 se quedarán sin transporte escolar.

La orden que no cumplirán algunas de las empresas de transporte escolar obliga a las compañías a dar el servicio en las rutas que hacían el curso anterior «hasta en el momento en el que pueda comenzar a ejecutarse un nuevo contrato».

De realizarla, se les abonaría el coste real del servicio, además de un beneficio industrial del 6% como establece la legislación vigente, según establece Educación.

Los asociados del sector llevaban desde ayer analizando el contenido de la orden con sus asesores legales y «estudiando las posibilidades» que les quedan. Finalmente han acordado recurrirla.

Obligaciones y derechos

En declaraciones a Radio Euskadi realizadas esta mañana, recogidas por Europa Press, el gerente de autobuses Soleto, Félix Soleto, indicaba que los servicios jurídicos de las compañías de transporte escolar llevaban trabajando «toda la noche arduamente y esta mañana también» y, en ese sentido, advertía de que él «no aseguraría tan fácilmente el tema de que tengamos servicio».

«Parece que solo tenemos obligaciones y no tenemos derechos y vamos a ver nuestros derechos hasta dónde pueden llegar», añadía antes de aseverar que «no es cierto del todo» que el transporte escolar sea un «servicio esencial o primordial» como es considerado en la orden de Educación, sino que son un «servicio complementario».

«Está claro que nosotros queremos dar servicio, somos una empresa de servicio, estamos para trabajar por la sociedad, pero siempre y cuando nuestros derechos y los de nuestros trabajadores estén defendidos», ha remarcado, incidiendo en que «el negocio tiene que ser para las dos partes».

A este respecto, ha aseverado que «si el negocio solo es para una parte, es complicado y es lo que en estos tres últimos años nos está ocurriendo, que siempre estamos firmando sobre la campana»; y ha censurado que los precios de licitación «no son los mismos que el año pasado».

«Cuando sacaron el concurso eran cerca de un 20% más barato los precios que el año pasado y cuando ven que nosotros no accedemos a esos precios nos ofrecen la posibilidad de trabajar al precio que teníamos el año pasado, pero luego, cuando nosotros vemos el concurso, nos damos cuenta de que, al final, nos están pidiendo hacer el servicio que antes hacíamos con un carro tirado por burros con caballos de pura sangre», ha señalado.

Potestad de la Administración

Cabe recordar que este martes el portavoz del Gobierno autonómico, Bingen Zupiria, defendió la potestad de la Administración, que «tiene la obligación de cumplir y de hacer cumplir los derechos de todos los agentes del sistema educativo, y especialmente los derechos que el alumnado y las familias tienen a recibir la educación».

«La orden garantiza, por tanto, el derecho fundamental del alumnado y de las familias y establece también una remuneración a las empresas que hasta ahora han prestado su servicio de la forma en la que está establecida en la normativa en vigor», añadió.