En un comunicado, la Autoridad Vasca de la Competencia ha dado cuenta del expediente sancionador abierto «por un posible acuerdo» entre las empresas de transporte escolar para no presentarse a las licitaciones convocadas por el Departamento de Educación de Lakua para el curso 2023-2024.

En función de la información recabada, la AVC considera que existen «indicios racionales de una infracción» de la ley por parte de 25 empresas y asociaciones de Araba, 45 en Bizkaia y 6 en Gipuzkoa.

Según ha detallado, la incoación de este expediente «no prejuzga el resultado final» de la investigación y «los indicios racionales que motivan la incoación y la calificación que se especifica son de carácter provisional». De este modo, se inicia ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

La pasada semana, cuando Lakua anunció la orden de ejecución forzosa para obligar a las empresas a prestar servicio, también aseguró que se daría cuenta a la Fiscalía al apreciar «indicios de delito». Se afirmó que sería seguramente esta semana cuando se diera parte al Ministerio Público, aunque por el momento no ha trascendido información alguna al respecto.

7.400 afectados

Horas antes, el consejero de Educación del Gobierno de Lakua, Jokin Bildarratz, ha afirmado que son unos 7.400 alumnos los afectados en este inicio de curso por el conflicto del transporte escolar.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Bildarratz ha señalado que en Gipuzkoa «no ha habido problemas», que en Bizkaia se ofreció «algo más del 10%» del servicio y que en Araba se cubrió «en un 50% largo».

«En total, teniendo en cuenta los tres territorios, se ha ofrecido la mitad del servicio por término medio. Eso significa que ha afectado a unos 7.400 alumnos y familias», ha reiterado.

En este sentido, el consejero de Educación se ha dirigido a las familias afectadas para manifestarles que comprende que están atravesando «una situación complicada». Así, ha adelantado que el Gobierno de Lakua publicará la próxima semana una orden para ofrecer compensaciones económicas a las familias y ayudarlas en los gastos derivados del uso del vehículo particular en este inicio de curso.

Además, ha instado a las operadoras de transporte escolar que «estudien y reconsideren» su decisión y «se den cuenta de las consecuencias que tiene su postura» en las familias.
De esta manera, ha recordado que se ha ofertado a las empresas la opción de dar el servicio «en las mismas condiciones que el año pasado», que suponían un incremento del 24,1% más el aumento del coste del combustible.

«En Gipuzkoa lo han aceptado todos, y en Araba y Bizkaia la postura ha sido otra. Debemos pedir a esas empresas que reconsideren su posición. La educación es un derecho público básico, y el transporte es fundamental para garantizar ese derecho, es un servicio imprescindible para niños, alumnos y familias», ha asegurado.

Sin contactos

Bildarratz ha reconocido que en estos momentos «no hay contactos» con los operadores, aunque ha destacado que, desde que es consejero de Educación, «siempre he dicho que el diálogo es nuestra principal seña de identidad». «Lo que sucede es que, para materializar ese diálogo, hay que aceptar los límites y el campo de juego que nos marca la legislación y el derecho», ha añadido.

Así, el consejero de Educación ha señalado que las consecuencias que pueda haber para las empresas que no reanudan el servicio el próximo lunes «están en manos de los servicios jurídicos», ya que se pondrá en marcha el procedimiento administrativo.

En este sentido, Educación rechazó a última hora de la tarde del jueves los recursos administrativos presentados por los operadores, en los que reclamaban que se adoptasen medidas cautelares.

Por último, Bildarratz ha asegurado que «por supuesto» que comparecerá en el Parlamento de Gasteiz para explicar a los partidos de la oposición «las gestiones que hemos realizado desde el inicio hasta el final» en el conflicto.