La memoria anual de la Fiscalía General del Estado es una ventana parcial a las enmarañadas interioridades de este órgano estatal clave en los procesos judiciales. Un ente que siempre se mueve en el ambiguo terreno existente entre las directrices del Gobierno, del que depende, y una autonomía que le deja un amplio margen de actuación.

Lo que se ve desde esa ventana, en especial de esa que entreabre la Fiscalía de la Audiencia Nacional, es un reflejo de las obsesiones del Estado profundo, que a ratos raya lo esperpéntico y a ratos lo macabro. También hay sitio para realidades que nunca está de más recordar.

Entre lo esperpéntico se encuentra una nota sobre el delito de «enaltecimiento del terrorismo», en la que se señala que, en el caso de ETA y Grapo, «dada su disolución y desarticulación (...) ha devenido en un delito de casi imposible condena». Eso se debe a «las exigencias jurisprudenciales de riesgo, aun abstracto, de la comisión de ilícitos penales a consecuencia de la acción enaltecedora».

Esta pequeña confesión, la única en las casi 1.500 páginas de informe en la que se habla expresamente de ETA como organización disuelta, contrasta con la propia acción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según recoge la memoria, en 2022 se incoaron 23 diligencias previas sobre posibles delitos vinculados a ETA y, de ellos, 15 fueron por supuesto enaltecimiento. Es decir, un tercio de las puestas en marcha por la Fiscalía tienen que ver con un presunto delito «de casi imposible condena», según la propia institución.

Las obsesiones del Ministerio Fiscal también vuelven a emerger en la descripción de los 31 supuestos actos violentos realizados en relación a ETA durante el año pasado. 13 vuelven a ser por supuesto enaltecimiento y cinco por otra gran amenaza como es la quema de banderas.

La Fiscalía se felicita porque los presos vascos asuman el recorrido penitenciario ordinario, pero pasa de puntillas por los obstáculos que sus recursos suponen a dicho recorrido. Se escuda en la legislación de excepción de Aznar

Los terceros grados y la legislación de excepción

El tono gira a lo macabro y cae en el cinismo en el breve apartado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional dedica a la sección de Vigilancia Penitenciaria, encargada de los numerosos recursos contra terceros grados otorgados a presos vascos. La memoria recuerda «la asunción de competencias en materia penitenciaria» por parte de la CAV, así como «el progresivo traslado de internos a dicha comunidad y a Navarra».

Apunta también que «no hay ningún preso vasco clasificado en primer grado», pero recuerda que «en materia de terceros grados y permisos, el Juzgado de Vigilancia sigue el criterio recogido en la norma del artículo 72.6 LOGP». Se trata de un artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria introducido en julio de 2003, en el marco de la legislación de excepción aprobada por el Gobierno de José María Aznar. Concretamente, este artículo impone a los presos condenados por terrorismo condiciones suplementarias para acceder a los terceros grados.

La Fiscalía pone su nota cínica al final de este apartado, cuando destaca «el progresivo crecimiento de los expedientes relacionados con internos condenados por actividades terroristas, lo que pone de manifiesto una mayor aceptación de la legislación penitenciaria como marco de convivencia de estos». Por decirlo de algún modo, la Fiscalía se felicita porque los presos tratan de seguir el recorrido legal marcado por la legislación penitenciaria mientras presenta recursos que torpedean ese mismo recorrido.

ATA, la amenaza

El esperpento regresa en plenitud cuando la Fiscalía realiza la «valoración de la amenaza» de lo que engloba bajo el título de «ETA». Apunta, de forma genérica, que «el principal vector de amenaza en este ámbito viene definido por los distintos colectivos, plataformas y grupos que conforman el entramado del independentismo radical vasco, siendo especialmente activos aquellos vinculados a los colectivos juveniles».

Es a continuación cuando la Fiscalía da la sorpresa y sitúa como «principal referente» de esos grupos al «Movimiento pro-Amnistía y contra la Represión-Amnistía ta Askatasuna (ATA)». «Su capacidad operativa y de movilización es reducida», añade.

Una mentira sobre Catalunya y una verdad sobre la represión

La Fiscalía también dedica unas líneas a valorar la supuesta amenaza de un pretendido «Movimiento Violento Independentista Catalán». Detecta «una disminución de las acciones» –que no dejan de ser sabotajes y desobediencia civil, aunque las engloba en el epígrafe de terrorismo–, y ofrece una explicación que merece ser tenida en cuenta.

«La pérdida de la iniciativa por parte de estos grupos violentos motivada también en parte por la acción de la justicia ha ocasionado que gran parte de su actividad se centre en la llamada ‘antirrepresión’. La movilización en respuesta a los procesos judiciales detrae la mayor cantidad de recursos a estos colectivos, con la ejecución de campañas de pintadas o en redes sociales», concluye.

«Grupos (terroristas) que defienden modelos de sociedad sostenible»

La memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluye novedades destacables, por el paso represivo que pueden suponer, en el apartado dedicado al «Ecologismo radical», que incluye dentro del repaso que da a las posibles amenazas de «terrorismo nacional», en contraposición al «terrorismo internacional».

En el apartado en el que se evalúa el «estado actual de la amenaza», señala que los colectivos ecologistas, como en el resto del mundo, «han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente». Añade que han pasado de la «desobediencia civil no violenta» a «realizar acciones de mayor calado», como las realizadas en diferentes museos. Según el Ministerio Fiscal, estas acciones «ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía». Lo grave llega cuando señala directamente a Extinction Rebellion «y sus grupos satélites» y a Futuro Vegetal como grupos responsables de las acciones.

En su memoria anual, la Fiscalía da un paso adelante en la criminalización de colectivos ecologistas responsables de acciones de desobediencia civil, como Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, a los que incluye dentro de las amenazas «terroristas»

Y el chiste, si se permite, viene cuando concluye: «Es previsible que las acciones continúen, incluso se incrementen al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible».

31 ecologistas detenidos frente a 14 ultras de extrema derecha

La memoria de la Fiscalía también da números. Sobre el supuesto «ecologismo radical», explica que en 2022 hubo 31 detenidos, una cifra que contrasta con la referida a la extrema derecha, que acabó el año con solo 14 detenidos.

La relación de acciones que la Fiscalía de la AN achaca a este «ecologismo radical» también habla por sí sola: once concentraciones ilegales –algunas con obstrucción o cortes de vía pública–, dos delitos contra el patrimonio, nueve acciones de daños públicos o privados –dos de ellos con obstrucción– y una publicación reivindicando daños privados.

Queja de Amnistía Internacional

La organización Amnistía Internacional criticó recientemente la inclusión de grupos ecologistas bajo el epígrafe «Terrorismo Nacional», reclamando a la Fiscalía «que considere el carácter pacífico de las actividades de estas organizaciones y reconozca que sus acciones están amparadas por el derecho a la libertad de reunión pacífica».

«La desobediencia civil pacífica forma parte de la libertad de expresión y debe ser protegida por todas las instituciones del Estado, incluido el Ministerio Fiscal. Presentar cargos de terrorismo contra participantes en acciones de protestas pacíficas es una limitación indebida de la libertad de expresión y reunión, y puede tener un efecto disuasorio, lo que supone una clara amenaza al derecho de protesta en nuestro país», señaló el portavoz de la ONG, Daniel Canales.