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Ibarrola señala que no habrá recurso contra la sentencia a favor de las trabajadoras del SAD

Cristina Ibarrola, alcaldesa de Iruñea, ha señalado que el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo español que obliga a readmitir a las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD). Ha destacado que su objetivo será «ofrecer el mejor servicio».

Cristina Ibarrola, en un acto en la Universidad de Navarra.
Cristina Ibarrola, en un acto en la Universidad de Navarra. (@crisibarrola_)

El Ayuntamiento de Iruñea no va a recurrir la resolución del Tribunal Supremo español que le obliga a readmitir a toda la plantilla del Servicio de Atención a Domicilio (SAD), ha sostenido la alcaldesa, Cristina Ibarrola (UPN), quien ha apuntado que su objetivo es «ver cómo garantizar un mejor servicio».

El Tribunal Supremo español ha rechazado el recurso de casación presentado por el Consistorio y le obliga a readmitir a toda la plantilla del Servicio de Atención a Domicilio (SAD), unas 160 personas trabajadoras, en su mayoría mujeres.

Estas trabajadoras ya están dentro de la plantilla, ha precisado Ibarrola al ser preguntada al respecto en una rueda de prensa, en la que ha señalado que tienen que analizar el devenir del resto, las nuevas trabajadoras.

Ibarrola ha insistido en que el objetivo es «ver cómo lograr el mejor servicio y garantizar que quien necesita esa atención la tenga».

Sindicatos: «Que cumpla la sentencia»

La representación sindical de la plantilla del SAD (Talde, LAB, ELA y Solidari) han exigido al Ayuntamientos que «cumpla íntegramente la sentencia» y que «deje de gestionar ilegalmente una parte del servicio a través de la empresa pública.

De este modo, instan al Ayuntamiento a «asumir la gestión íntegra del servicio, evitando duplicidades organizativas y gastos innecesarios». Consideran que de este forma se cumplirá la sentencia «de la forma más sencilla, lógica y económica».

«Es un disparate organizativo que una persona usuario sea atendida habitualmente por una trabajadora y que cuando está de baja o de vacaciones se le atienda por una trabajadora de la empresa pública y que entre las dos trabajadoras no exista ninguna comunicación ni coordinación», denuncia.

«Es ilegal y un despilfarro mantener dos estructuras para un mismo servicio», concluye.