La Ley de Memoria Histórica y Democrática de la CAV, que refuerza las políticas y acciones para reparar la memoria de las víctimas del golpe militar y de la guerra de 1936, así como de la dictadura franquista, se aprueba este jueves con un amplio consenso entre diferentes, del 90,6% del Parlamento de Gasteiz, del que se desmarcan PP, Vox y Cs.

Más de dos años después de la aprobación de este proyecto de ley por parte del Gobierno de Lakua las víctimas dispondrán de una regulación autonómica que les ampare tras un largo debate parlamentario que ha conseguido unir en un texto común, tras la introducción de varias enmiendas, a PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que suman 68 de los 75 parlamentarios.

El objetivo de la norma es regular las políticas públicas para la memoria histórica con el fin de promover la «reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, sindicales, ideológicas, o de creencia religiosa».

Consolida normativamente y amplía el volumen de actuaciones en esta materia desarrolladas hasta el momento y otorga un papel principal a Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria, reforzando su trabajo de informes de vulneraciones de derechos humanos en la CAV entre 1936-1978, de elaboración de un censo de víctimas mortales o de localización e identificación de las personas desaparecidas en la guerra de 1936.

La ley fija, aún sin fecha, un día anual de homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la dictadura.

La creación de un banco de ADN de exhumaciones en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, un centro documental y la elaboración de un catálogo de lugares, itinerarios y espacios de la memoria histórica son otras de las novedades del documento.

Indemnizaciones complementarias

En cuanto al derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación, el proyecto prevé estudiar la pertinencia y viabilidad de «indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado« por el Ejecutivo autonómico.

Gogora deberá analizar el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para valorar la pertinencia de indemnizaciones complementarias.

Las instituciones públicas prestarán asesoramiento y apoyo a todas las personas que deseen interponer una querella como consecuencia de la desaparición forzada durante la guerra y el franquismo.

El derecho a la justicia abarca la guerra, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Se pondrá en conocimiento de la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales la existencia de «indicios delictivos» que pudieran encontrarse «como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones realizadas».

Gogora ofrecerá a las víctimas de esas vulneraciones los recursos y la asistencia jurídica necesaria para que puedan tramitar las querellas correspondientes ante los tribunales a fin de obtener la justicia que merecen.

Se considera víctimas, entre otras, a las personas fallecidas en bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, en prisión, las que desparecieron, las que sufrieron torturas, deportaciones, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración o exterminio. También a las personas que sufrieron represión por su orientación afectivo-sexual, sus características sexuales, su identidad o expresión sexual o por razón de su pertenencia a una minoría étnica.

Asimismo incluirá un reconocimiento expreso de la violencia «específica, generalizada y sistemática» sufrida por las mujeres.

Fin de los símbolos franquistas

Se considera contraria a la memoria histórica y a la dignidad de las víctimas la exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial.

Menciona expresamente elementos como placas, escudos, insignias, inscripciones y toda construcción erigida para rendir honores u homenajear la sublevación militar, la victoria del llamado «bando nacional», la dictadura franquista, a sus dirigentes o a sus instigadores y ejecutores.

También denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista.

Gogora establecerá un plan para la eliminación de símbolos contrarios a la memoria histórica y las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada de los elementos contrarios a la memoria histórica.

Multas de hasta 150.000 euros

Establece una serie de infracciones, las muy graves sancionadas con hasta 150.000 euros y por ejemplo, en las graves, con multas de hasta 10.000 euros, figuran la difusión de expresiones ofensivas o vejatorias «contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares», así como «cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo, cuando estas categorías de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio».

También se incluyen entre estas la celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936, incluidas las celebraciones asociadas al 18 de julio, y de la dictadura franquista.

PP, Cs y Vox, entre otros motivos, justifican su oposición a la normativa con el argumento de que no incluye ni a las víctimas de ETA ni a las de la «represión republicana».